Además de exigir un aumento salarial, los trabajadores también se pronunciaron en contra del Sistema de Evaluación Pública.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió un paro de 24 horas para el jueves 5 de diciembre, para reclamar mejores salarios y en contra del examen de “idoneidad” que el Gobierno tomará a empleados públicos.
La medida de fuerza contempla además movilizaciones en rechazo al recorte salarial en las paritarias, condena a las amenazas del Gobierno manifestadas a través de diferentes ministerios como también a los exámenes de idoneidad en la administración pública.
Desde la organización gremial precisaron que “la tónica de violencia” desde la gestión libertaria incluye entre el caso de sanciones anunciadas por el Ministerio de Justicia luego de los reclamos en el Registro de la Propiedad Automotor.
“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El paro fue ratificado en el Plenario Nacional de Delegados que se llevó a cabo en el Anfiteatro Eva Perón y que contó con la participación de dirigentes de todo el país. De esta manera, se espera que el paro impacte en las actividades que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, como las clases en escuelas públicas y el trabajo en algunas dependencias estatales.
Dentro de esta pauta salarial en ATE consideraron que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.
También expresaron su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Son más de 40.000 los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.
El sindicato estatal además exige el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas. (DIB)
