POR JOSÉ LUIS AMADO –PERIODISTA AGROPECUARIO- EXCLUSIVO PARA GRUPO LA VERDAD
Disimulado entre la enorme cantidad de cuestiones que componen el denominado proyecto de Ley Bases para una Argentina Libre que se está tratando en el Congreso Nacional, se filtró el artículo 241. El mismo tiene solo 15 palabras y dice: La República Argentina, adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”.
Parece inocente, pero representa nada más ni nada menos que el mayor gesto que un gobierno le haya hecho a la industria semillera local y por el cual vienen bregando desde hace años.
Esa Convención Internacional, mejor conocida como la UPOV-91, posee numerosos países miembros promovió a nivel global la protección de los intereses de los obtentores de semillas. Sus normas, cada vez más estrictas, no son sin embargo obligatorias y se trata más bien de sugerencias a los que algunos países decidieron adherir. Argentina es miembro, pero aún no adhirió.
El convenio UPOV-91, fija un marco legal por el cual los países pueden comenzar a poner mayores limitaciones al “derecho de uso propio” de los agricultores, que desde el origen de la humanidad guardan parte de sus cosechas para usarlas como semillas para una próxima siembra. El argumento es que detrás de ese derecho, existe un circuito comercial ilegal de semillas mejoradas (conocido como bolsa blanca) que impide a las empresas desarrolladoras capturar un valor adecuado a sus desarrollos e innovaciones.
Lo cierto es que, una vez conocido el art. 241 de la Ley “Bases…”, los primeros en poner reparos fueron los integrantes de la denominada Mesa de Enlace, quienes criticaron la idea del Gobierno. Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Sin embargo, no adhirió Coninagro (la institución que reúne a las cooperativas argentinas, incluida ACA, la cual posee un semillero con genética propia), porque no está de acuerdo con la postura de las otras organizaciones sobre este tema.
Las críticas
Tanto, CRA, SRA y FAA indicaron: “UPOV 91 beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación. Sus características claves incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”.
Las tres entidades gremiales del campo también dijeron que en América Latina solo Costa Rica y Perú han adoptado UPOV 91 “mientras que ningún país de la región está adherido” y finalmente añadieron: “Destacamos la importancia de equilibrar los derechos del obtentor con los derechos de los agricultores”, pero señalaron que la adhesión limitaría el derecho de uso propio del agricultor y extendería los derechos del obtentor hasta el producto final de la cosecha.
Por su parte, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) mantuvo una reunión con el secretario de Agricultura Ing. Fernando Vilella y, entre otros temas, apoyó la adhesión a UPOV 91. “Vilella ha sido claro de lo que quiere para el sector, y en este sentido coincidimos que podremos alcanzar una mayor competitividad si la Argentina adhiere al Convenio UPOV del 91. También pudimos expresarle algunos temas a solucionar en un futuro cercano, como la disminución de las retenciones”, dijo el rojense Nicolás Gear, actual presidente de ASA.
El debate está abierto y es de esperar maniobras de “lobbie”, tanto del lado de las empresas semilleras como del lado de los agricultores, que ven en este artículo grandes limitaciones al uso propio de las semillas.
El fondo del debate
Para entender el fondo de la cuestión planteada, hay que decir que este debate viene de hace muchos años y nace con la intensificación de la agricultura. Ocurre que, con la aparición de los híbridos y sobre todo con la irrupción de la biotecnología, han aparecido semillas que cada vez contienen más desarrollo científico.
Por ejemplo, la soja transgénica RR -la más sembrada en la Argentina- tenía un gen de otra especie que le confería resistencia al uso del herbicida glifosato. La extinta Monsanto, su desarrolladora, pretendió siempre cobrar una regalía por ese descubrimiento, pero en la Argentina y por diversas razones nunca lo pudieron hacer. Por eso la industria semillera levanta la voz y reclama no solo la adhesión de la Argentina a la UPOV 91, sino incluso la sanción de una nueva ley de semillas que proteja mejor los intereses de los obtentores de las nuevas tecnologías.
El último intento de limitar el “uso propio”, de los agricultores data de 2018 cuando un proyecto similar obtuvo el necesario dictamen de comisión, pero no prosperó en el recinto. Veremos qué pasa ahora.
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