En medio de una “alianza” transitoria entre kirchneristas y radicales, el Senado rechazó y derogó el decreto de necesidad y urgencia 656/24 por el que el Gobierno de Javier Milei amplió en $100.000 millones el presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Fue un duro golpe para la gestión libertaria que horas antes había sufrido la aprobación del proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas, algo que el Presidente ya adelantó que vetará.
La derogación del DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres del PRO (la porteña Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli. El oficialismo apenas juntó 11 y hubo dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina.
Se trata además de un hecho inédito: es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.
Si bien el oficialismo había logrado excluir del temario al DNU 656, un sector de la oposición logró en el inicio de la sesión, doce horas atrás, que se volviera a incorporar. Si bien el Gobierno intentó evitar la derrota legislativa por todos los medios, entablando conversaciones con senadores y presionando a gobernadores para tratar de dejar sin quorum la sesión, no lo logró.
Fondos para las universidades
El segundo golpe vino por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.
El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
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