La insistencia se aprobó con 63 votos afirmativos, 7 negativos . No hubo voceros del oficialismo en el debate. El Gobierno ya prepara la judicialización, pero deberá promulgar la normativa pero anticipan un juicio político si Milei no aplica la ley.
Mientras que el presidente Javier Milei viaja hacia Estados Unidos, el Senado insistió sobre la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 2027, sobrados los dos tercios, con 63 votos afirmativos, 7 negativos y 2 ausencias. De esta manera, el veto quedó rechazado definitivamente y el Poder Ejecutivo no tiene otra opción más que promulgar inmediatamente la normativa.
Se trata del primer veto del mandatario libertario rechazado por el Congreso y el primero en 22 años, desde que le rechazaron un veto parcial al expresidente Eduardo Duhalde a la ley de Presupuesto del 2003. Fue un intento de bloquear la reducción de aranceles para la importación del azúcar que finalmente fue promulgado.
Este veto fue publicado en el Boletín Oficial el 4 de agosto, luego de que el Senado le de sanción el 10 de junio. Para ese entonces, la votación en la Cámara alta fue unánime, puesto que los legisladores de La Libertad Avanza se ausentaron ante la acusación de que el procedimiento parlamentario fue irregular.
Esto formará parte de la judicialización que planea la Casa Rosada, como ya se había anticipado. La invalidez de la sesión no solamente fue un argumento discursivo sino que formó parte de los considerando del veto, que contempló también el del aumento a las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional en un mismo decreto.
El foco de la judicialización se basará en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera que establece que «toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento». Es un concepto que además el Gobierno quiere remarcar con un proyecto que anunció dos veces pero todavía no envió para asegurarse de «amurallar» el equilibrio fiscal.
«Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero», había dicho el primer mandatario en diálogo con El Observador. Desde la Casa Rosada también habían anticipado que dentro de las posibilidades estaba directamente no aplicar la ley, bajo el argumento de que «no hay fondos». «O le sacamos plata a los gobernadores…», sugieren.
La presente ley solamente expresa, sobre el Financiamiento: «Facúltese al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley».
Además de declarar la emergencia por dos años, la ley contempla una compensación para los prestadores teniendo en cuenta la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados durante el año 2024, y el porcentaje del Índice de Precios (IPC) de ese mismo período. Sobre este punto la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la medida costaría entre 0,22% y 0,42% del PBI.
En lo que va de gestión, Milei ya vetó seis leyes: dos veces un aumento a los jubilados, la primera ley de Financiamiento Universitario, la emergencia en Bahía Blanca, la restitución de la moratoria y la presente emergencia en discapacidad. Tiene en carpeta además pronunciarse sobre otro aumento para las Universidades y los Hospitales Nacionales, que probablemente tengan el mismo fin. La fecha límite es el 11 de septiembre.
