El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), realizada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.
Irregularidades en el procedimiento
En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de anomalías durante la sesión especial:
Moción sorpresiva: La designación fue introducida a las 02:55 am por el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
Falta de reglamento: Se denunció que la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin dictamen previo de comisión y sin pedido formal de apartamiento del reglamento.
Votación cuestionada: El legislador calificó el acto como una decisión adoptada «entre gallos y medianoche» y a espaldas del debate público.
Retiro de bloques: Ante la maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar un acto que consideraron manifiestamente inconstitucional.
Fundamentos del reclamo
El amparo sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Además, Ritondo argumentó que la Auditoría General es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías.
La demanda también plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, alegando que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes. Finalmente, el diputado invocó precedentes análogos del año 2015 donde la justicia ya había frenado nombramientos similares en la AGN por violaciones reglamentarias.
