La Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron categóricamente las acusaciones infundadas del presidente venezolano Nicolás Maduro contra el gendarme Nahuel Agustín Gallo.
Según Maduro, Gallo habría intentado poner en riesgo la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusaciones que el Gobierno argentino considera «totalmente falsas» y «sin ninguna base probatoria».
En el comunicado, las autoridades argentinas destacaron que Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos migratorios establecidos, «presentando su documentación, notificando su domicilio y siguiendo todos los protocolos correspondientes antes de su viaje». «No se ha encontrado evidencia que respalde las acusaciones en su contra», indicó el texto, agregando que las acusaciones «carecen de fundamento» y que el Gobierno las considera un intento de «desviar la atención de la grave crisis» que atraviesa el régimen de Nicolás Maduro.
El Ejecutivo argentino exigió, una vez más, la «liberación inmediata e incondicional» de Gallo, exigiendo que se garantice su «integridad física y psíquica», además de asegurarse del pleno respeto a sus derechos humanos conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países.
Además, el comunicado hace referencia al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha documentado las «graves irregularidades cometidas por el régimen de Maduro», en particular el uso del aparato estatal como herramienta de control político y social. Se denuncian también los esfuerzos del régimen para obstaculizar a la oposición democrática, representada por figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
El Estado argentino condenó estos atropellos y llamó a la comunidad internacional a «repudiar enérgicamente estos actos», que violan los principios del derecho internacional. Asimismo, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región, y destacó que seguirá impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales competentes para que el régimen de Maduro sea responsabilizado por las «violaciones sistemáticas de los derechos humanos» y el abuso de poder.
El Gobierno argentino subrayó su firme propósito de que estas violaciones sean «debidamente investigadas y sancionadas», reafirmando su apoyo a los esfuerzos democráticos y a la oposición legítima venezolana.
