El gobierno envió un proyecto al Congreso para eliminar derogar la ley de etiquetado frontal, que entre otras medidas impuso los octógonos negros en los envases de alimentos ultra procesados, pero la iniciativa generó el rechazo casi inmediato de unas 300 organizaciones de especialistas e instituciones académicas, que alertaron sobre un posible impacto negativo en la salud de la población, que a la vez tendría menos elementos para evaluar su consumo.
El proyecto del gobierno, que lleva la forma del presidente Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, deroga la ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal con el objetivo de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con países del MERCOSUR, según se indica en sus fundamentos.
La intención básica es eliminar los octógonos negros en envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Pero a la vez, la ley había establecido restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitaciones al uso de personajes infantiles y regulaciones sobre entornos escolares saludables, que también quedarían sin efecto.
La referencia a la necesidad de armonizar normativa con el MERCOCUR tiene que ver con la exportación de esos productos, que de todos modos deben cumplir con las disposiciones del país de destino para poder venderse. Por otra parte, la ley fue criticada desde un principio por la industria alimenticia local, que a través de la entidades como la COPAL, han objetado su eficacia para mejorar indicadores sanitarios y han resaltado su negativo impacto comercial.
La polémica
En la vereda de enfrente, un grupo de 300 organizaciones firmaron un documento en el que señalan que la iniciativa del gobierno implica “quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”. Además, cuestionaron que el proyecto sostienen que la derogación no solo eliminaría los sellos de advertencia, sino también todo el sistema de protección asociado a la alimentación saludable.
Según datos citados por esas organizaciones, antes de la sanción de la ley apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional incluida en el reverso de los envases, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019. Además, difundieron datos elaborados por el Ministerio de Salud, UNICEF y FIC Argentina para argumentar sobre un impacto sanitario adverso.
Entre los datos difundidos, sostienen que el 90% de las personas considera que los sellos permiten identificar de forma rápida productos poco saludables. Además, más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas luego de la aparición de los octógonos.
Otro estudio citado indicó que el etiquetado frontal permitió reducir la percepción errónea de que determinados productos ultraprocesados eran saludables. En particular, mencionaron cambios en la valoración de yogures, cereales de desayuno y jugos industrializados.
Respecto del señalamiento oficial sobre el MERCOSUR, esos expertos señalan que en los países del bloque rigen o están en discusión reglamentaciones no menos duras, que deben ser acatadas para poder vender allí los productos argentinos.
Fuente: Agencia DIB.
