En una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el trabajo de auditoría fue encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo y reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045.
En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni y, entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.
