Mantendrá la especificidad técnica en material de fiscalización y control, y fueron derogadas las misiones relativas a la prevención de la violencia armada y a la formulación de políticas.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en la desregulación del mercado legal de armas y bajo el amparo de las facultades delegadas puso fin a diez años de legislación vigente y repone un organismo creado hace medio siglo. Y a través del Decreto 445/2025 restituyó el Registro Nacional de Armas, que reemplaza a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
La decisión publicada en el Boletín Oficial establece que el organismo descentralizado, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, pase a funcionar como un organismo desconcentrado.
La nueva norma fue tomada dentro del proceso de reestructuración que la gestión de La Libertad Avanza viene llevando adelante a través de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), que dispuso cambios de la ANMaC y el Renar, que pasará a operar como organismo desconcentrado bajo la órbita de la cartera a cargo de Patricia Bullrich.
El viejo Renar había sido creado en 1975 como órgano de aplicación de la ley nacional de armas y explosivos 20.429, promulgada dos años antes por el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto entre 1971 y 1973.
Según el texto de la nueva normativa, el repuesto Renar “mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados“.
Como contrapartida, estará despojado de las otras misiones que tenía la ANMaC, relativas a la cooperación en el desarrollo de una política criminal en materia de control de armas, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada.
De hecho, una de las principales novedades del regreso del Renar a sus tiempos de organismo de fiscalización y control de armas, explosivos y de su tenencia y uso por parte de ciudadanos y comercios habilitados por ley a tal efecto, es que se disuelve el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA). A partir de ahora, según reza el decreto, “el financiamiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada será afrontado por los recursos asignados al Ministerio” de Seguridad Nacional, del que depende el Registro.
Otras consecuencias del decreto serán materia de la reglamentación. Por ejemplo, el destino del personal y los bienes de la ex ANMaC, la posibilidad de que transfieran competencias a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de acuerdos que garanticen la asignación de recursos.
Días atrás, el Gobierno simplificó los trámites relacionados a la tenencia de armas y eliminó la reinscripción, junto con el pago de la tasa anual ante la Anmac para los Legítimos Usuarios Comerciales, Colectivos, Cinegéticos y Entidades de Tiro. (DIB)
