El Gobierno envió el miércoles por la noche al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal y así “blindar” el uso de los dólares del colchón, según confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“El proyecto lo firmamos anoche con el presidente y fue enviado al Congreso inmediatamente por el sistema electrónico”, reveló Francos este jueves en diálogo con radio La Red, y agregó: “Se pretende que la gente que realiza gastos con ahorros propios no quede sometida a ninguna de las legislaciones anteriores que lo penaban”.
Al momento de publicarse esta nota, la iniciativa aun no había ingresado en la Cámara de Diputados, sin embargo, el jefe de Gabinete adelantó que la medida busca modificar los montos de aplicación de la Ley Penal Tributaria, es decir el umbral a partir del cual la evasión tributaria se considera delito -hoy está en $1,5 millones-.
A su vez, algo que ya había anticipado Francos, el proyecto también achicará los plazos de prescripción de 5 a 2 años, para así “dar garantías” a aquellos que decidan utilizar sus dólares del colchón. La modificación apunta a que la información sobre el patrimonio de los ciudadanos no sea revisada exhaustivamente en el futuro en caso de que una eventual gestión contraria a los ideales libertarios decidiera dar marcha atrás con la iniciativa.
El proyecto forma parte de la segunda etapa del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” que lanzó el Gobierno para incentivar el ingreso al sistema de los ahorros sin declarar de los argentinos.
Entre las primeras medidas, el Ejecutivo había anunciado la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.
Además, ARCA prohibió a los bancos requerir la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar y se modificaron los umbrales de operaciones bancarias mensuales. Así, las personas físicas podrán mover hasta $50 millones por mes sin tener que brindar explicaciones sobre el origen de esos fondos, mientras que para las jurídicas el monto es de $30 millones. Así mismo, el Gobierno implementó un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que apunta a que los ciudadanos deban dar cuenta únicamente de su facturación y los gastos deducibles, excluyendo sus consumos personales y la variación patrimonial.
