Distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires presentaron una nota al gobernador Axel Kicillof para solicitarle una recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) para que puedan saldar las deudas que mantienen con Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El pedido de actualización de las tarifas es para que puedan adherirse al esquema de saneamiento de la deuda millonaria de las distribuidoras con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que lanzó el Gobierno de Javier Milei. De acuerdo a estimaciones del sector, la deuda generada en los últimos seis años a partir del congelamiento de las tarifas del sector, ronda los más de US$ 1.100 millones.
La nota ante Kicillof la presentó la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), entidad que brinda servicio a medio millón de usuarios y opera con cooperativas ubicadas en Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Saladillo y Zárate, entre otras localidades. Sin embargo, según indicaron fuentes del sector a la agencia DIB, el reclamo de ajuste tarifario se extiende a todas las cooperativas del interior, que aducen en su mayoría una dura crisis y advierten sobre un posible quiebre.
Las distribuidoras reclaman a Kicillof una actualización del VAD antes de poder adherirse al esquema y afrontar el flujo de pagos mensuales de este año por la energía que le compran a la administradora eléctrica. Temen que si se “pisan” las tarifas, no podrán hacer frente al régimen de regularización de deudas.
En este contexto, hay un punto que apremia a los distribuidores. Es que según informó el Gobierno este miércoles, el plazo para adherir es de 60 días corridos. Y por ello, las empresas quieren tener “reglas claras” sobre lo que puede pasar con las tarifas en territorio bonaerense.
El plan de pago para empresas como Edesur, Edenor, Edelap o las cooperativas del interior, establece hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas mensuales (seis años), con una tasa equivalente al 50% de la fijada por el Banco Nación, habitual referencia para el MEM. Aplica a deudas hasta el 30 de noviembre de 2024.
Además, se implementará un régimen de reconocimiento de créditos a quienes hayan cancelado la totalidad de las transacciones en 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre 2023.
Este esquema tiene como condición que las distribuidoras paguen la deuda corriente, de lo contrario serán multadas y perderán el beneficio, informaron desde la Secretaría de Energía. También se prevé exigirles a las distribuidoras y cooperativas eléctricas que presenten un plan de inversiones para realizar mejoras en la infraestructura de la red. (DIB)
