El dirigente apuntó al déficit habitacional, cuando el gobierno nacional decidió no finalizar este barrio que ya tiene varias unidades finalizadas, para ser ocupadas.
“La empresa no se va a retirar hasta que arregle con el gobierno nacional, no es tan fácil la situación porque no se puede traspasar al municipio y que se pidan los lotes o las viviendas. Hay un contrato firmado con la Nación por las 149 viviendas en Junín y ya tiene todos los elementos comprados y acopiados para terminarlas”.
Así evaluó Eduardo Diotti, secretario general de la UOCRA Junín, la situación actual en torno al complejo habitacional que el Gobierno nacional paralizó. Hay 20 dúplex que ya están terminados y listos para el sorteo, mientras que otras viviendas tienen un avance de obra de entre el 50 y 80%. Estas construcciones, que comenzaron en 2021, se encuentran entre las calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e Intendente Borchex.
La incertidumbre sobre el futuro se planteó a partir del anuncio oficial de la eliminación del programa Procrear. El dirigente gremial juninense contó que “el dueño de la empresa me explicó que le están debiendo fondos desde noviembre del año pasado, le están abonando en cuenta gotas, sin intereses y ahora lo quieren echar a la calle”.
“Lo peor de todo esto es que ya hay viviendas terminadas, otras por finalizarse, también unidades que están en un 50 ó 70 por ciento con avance de obra… en esta historia siempre está castigado el trabajador, el que no tiene vivienda, el que estaba trabajando en el barrio. El hilo siempre se corta por lo más delgado”, se lamentó.
Sobre el traspaso de las unidades a gobiernos provinciales o municipales, Diotti estimó que “no sería fácil que la Provincia de Buenos Aires se haga cargo de terminar estas 149 viviendas, cuando no recibe nada del gobierno nacional, mientras estamos peleando para que las obras de la Provincia que se están ejecutando, no se paren. Ahora estamos con un bacheo en las rutas 65 y 7, que en teoría debe llegar a Arribeños y no sabemos si será así”.
“No es sencillo pensar que la Provincia pueda hacerse cargo de las mil viviendas que pueda haber en ejecución en todo Buenos Aires, y además hacerse cargo de la deuda que hay con las empresas constructoras”, agregó.
Y pronosticó: “Esta historia termina con un juicio al Estado, las viviendas abandonadas y las que están terminadas quedan cerradas o usurpadas, cuando hay tanta gente que no tiene dónde vivir”.
