El Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, al considerar que incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. Tras conocerse la sentencia, la familia Macarrón-Dalmasso no pudo contener la emoción y se fundió en un abrazo.
La decisión se conoció este miércoles 6 de mayo pasadas las 22 horas, tras escuchar los alegatos de las partes. En esa instancia, la fiscal general adjunta Betina Croppi había solicitado la remoción de los tres funcionarios y sostuvo que las irregularidades en la causa “están probadas”.
Durante su exposición, la acusación fue contundente: aseguró que el principal sospechoso “estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.
Para Croppi, la investigación estuvo marcada desde el inicio por decisiones que desviaron el foco. Señaló que se construyeron hipótesis sin sustento y que, en cambio, se ignoraron elementos que podían haber orientado la pesquisa hacia el autor material.
Uno de los puntos centrales del jury fue el tratamiento del ADN masculino detectado en la escena a partir de un informe del FBI. Según la acusación, esa evidencia no fue debidamente aprovechada durante años, pese a que podía conducir a un sospechoso concreto.
La fiscal también cuestionó el rumbo inicial de la causa, que —según sostuvo— se centró en aspectos vinculados a la vida privada de la víctima. En ese sentido, afirmó que desde la fiscalía se impulsó la hipótesis de un “amante asesino” y se difundieron versiones que terminaron afectando la imagen de Nora Dalmasso. “Se alimentó la narrativa de mujer promiscua”, apuntó.
En relación con los tres fiscales, la acusación trazó responsabilidades diferenciadas. Sobre Di Santo, quien llevó adelante la investigación durante los primeros años, se cuestionó no haber profundizado las sospechas sobre Bárzola, pese a que había indicios tempranos sobre su presencia en la escena.
Además de cuestionar su desempeño durante la etapa investigativa, Croppi repudió las diferentes narrativas que impuso sobre el móvil del crimen. Mientras que condenó el hecho de que la víctima fuera tildada como una mujer promiscua que había engañado a su esposo, también criticó las acusaciones infundadas en contra de su hijo, Facundo Macarrón, que resultó expuesto por su orientación sexual.
En el caso de Miralles, se criticó la insistencia en investigar al entorno familiar, en particular al viudo Marcelo Macarrón, una línea que finalmente no pudo sostenerse con pruebas firmes.
Respecto de Pizarro, la acusación sostuvo que elevó la causa a juicio con una hipótesis —la de un crimen por encargo— que no contaba con respaldo probatorio suficiente y que no logró ser sostenida durante el debate oral. Además, la fiscal cuestionó que nunca hubiera sumado el delito por abuso sexual, pese a que había reconocido que la víctima había sido ultrajada.
