La investigación se inició a partir de reportes internacionales; las autoridades secuestraron casi medio centenar de teléfonos celulares, juguetes sexuales y revistas.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló una red dedicada a la explotación sexual infantil en entornos digitales en La Matanza. El amplio operativo terminó con cinco detenidos y el secuestro de una importante cantidad de dispositivos tecnológicos
Los operativos, que formaron parte del procedimiento, denominado “Nueva Era V”, ordenados por la fiscal Lorena Pecorelli, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de La Matanza, se centraron en la investigación de delitos tipificados como “producción, comercialización, distribución y tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”, según informaron a LA NACION fuentes de seguridad bonaerenses.
La pesquisa tuvo su origen en múltiples reportes internacionales emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo que alertó sobre usuarios que compartían, descargaban y distribuían material de abuso sexual infantil (MASI) de forma masiva.
A partir de ello, se iniciaron tareas de análisis, tareas de campo y técnicas especializadas en cibercrimen que permitieron identificar a 32 posibles autores de estas maniobras. Con estas pruebas recolectadas, Pecorelli solicitó las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas de manera simultánea en diversos puntos estratégicos en La Matanza.
Los allanamientos, efectuados por los detectives de la Superintendencia de investigaciones de delitos complejos y crimen organizado, destacándose la labor de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín y abarcaron las localidades de González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, Isidro Casanova, San Justo, Gregorio de Laferrere, Villa Celina y Villa Luzuriaga.
Tras los allanamientos, cinco hombres de entre 18 y 48 años -cuyas identidades se mantienen bajo reserva para proteger la integridad de las víctimas menores de edad involucradas en el caso- fueron detenidos.
Además, las autoridades identificaron a otros 16 imputados, entre los cuales se encuentran tres menores de edad.
Los efectivos secuestraron 46 teléfonos celulares, 12 computadoras, una tablet y 9 dispositivos de almacenamiento. También se halló un chaleco antibalas, juguetes sexuales y revistas. Todo el material recolectado será sometido a pericias informáticas.
Según el reporte policial, una de las personas investigadas era un efectivo policial. Su vinculación inicial con la causa se había establecido a través de su número telefónico.
Sin embargo, la investigación determinó que el celular habría sido filtrado en videojuegos online por sus hermanos menores de edad. Además, no hallaron una cuenta de Instagram en su teléfono ni en ningún otro dispositivo de su propiedad que buscaban, por lo que se descartó su vinculación directa con el hecho y su imputación.
La complejidad de la red desarticulada -que incluía la producción, almacenamiento, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil, tanto a nivel nacional como internacional- sugiere conexiones de la red con individuos radicados en el extranjero.
Respecto a las víctimas, las autoridades confirmaron la identificación preliminar de al menos dos menores de edad, mientras que una tercera víctima se encuentra en proceso de identificación. Para todos los casos, se dispuso un abordaje interdisciplinario.
Intervinieron en el procedimiento seis Juzgados de Garantías, encabezados por los magistrados Mary Castillo (N° 1), Agustín Gossn (N° 2), Rubén Ochipinti (N° 3), Fernando Pinos Guevara (N° 4), Gustavo Banco (N° 5) y Carina Alejandra Andrijasevich (N° 6).
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