El Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas quedaron cerca de acordar un aumento salarial que en principio descomprimiría el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. La propuesta contempla un ajuste del 24,33%, distribuido en dos etapas, y deberá ser avalada por los gremios docentes.
Según trascendió, la Casa Rosada ofreció un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para septiembre. Este acuerdo también incluiría otros compromisos presupuestarios, como la suba del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
Esto que fue bien recibido por los rectores en una reunión informal, deberá ser confirmado por gremios como la Conadu y la Conadu Histórica, que tienen en principio votado un paro de una semana de martes 16 de junio al sábado 20. De no surgir obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado en las próximas horas, confían en la administración libertaria.
De acuerdo a fuentes gremiales consultadas por Agencia DIB, los docentes de todo el país tienen en su poder la oferta y la analizarán en asambleas y consultas para definir una propuesta conjunta el miércoles. En caso de que se acepte, el incremento total del 24,3% es significativo aunque queda lejos de los 45 puntos que aseguran los docentes se perdieron desde que asumió Javier Milei.
Sin embargo, un punto que buscaba frenar el Gobierno y que al final no lo consiguió fue que el sector retire de la Corte Suprema la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
