Una deuda millonaria que mantiene el Gobierno nacional con los Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en escena el trabajo de este sector que tuvo un fin de 2025 y un principio de año con mucha acción debido a los incendios que se dieron, principalmente, en el sur del territorio bonaerense.
El reclamo que llegó a la Legislatura hace foco en la Ley 25.054, sancionada en 1998, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de todo el país, y dispone la ayuda económica necesaria para el equipamiento y la formación del personal, con el objetivo de brindar el servicio en forma gratuita a toda la población.
Si bien para todo 2025 estaba previsto un presupuesto de $ 52.300 millones, se asignaron $ 40.163 millones en febrero y luego no hubo más pagos. En tanto, para 2026 el Gobierno preveía giros de fondos por casi $ 129 mil millones, y hasta el momento, mandó casi $ 120 mil millones.
Según dijo el presidente de los bomberos de Pehuajó, Raúl Brisoliz, hasta el momento no han recibido los recursos correspondientes tanto al remanente de 2025 como a lo que va del año en curso. “Hay una deuda de $ 33 millones del año anterior que tendríamos que haber cobrado en los últimos días del mes de diciembre o primeros días de enero. Sumado a lo de este año, aproximadamente son algo más de “94 millones”, dijo al diario Noticias.
En Carlos Casares, como en otros distritos bonaerenses, pasa algo similar. Hay una deuda de $20 millones de 2025 y otros $70 millones del año en curso.
En la provincia de Buenos Aires funcionan 268 asociaciones con personería jurídica. Si se suman los destacamentos que dependen de ellas, el sistema alcanza cerca de 300 puntos de atención de emergencias distribuidos en los 135 distritos bonaerenses. En total, se desempeñan alrededor de 17.500 bomberas y bomberos voluntarios.
En este contexto, un proyecto presentado días atrás en la Cámara de Diputados por la radical Priscila Minnaard pone el foco en la transferencia incompleta de fondos nacionales para bomberos.
