Hay convocada una «sesión especial» en el Senado. El proyecto, presentado por el Ejecutivo, da marcha atrás con una reforma previa, aprobada a instancias de María Eugenia Vidal.
La posibilidad de avanzar en una reforma del funcionamiento de la Caja Jubilatoria del Banco Provincia en la Legislatura quedó envuelta en una polémica reglamentaria con final abierto.
El proyecto sobre el régimen jubilatorio del Banco fue presentado por el Ejecutivo días atrás para intentar dar marcha atrás con una reforma previa, votada a instancias de la exgobernadora María Eugenia Vidal, que desató una catarata de juicios contra el Estado, lo que a su vez motivo un pedido de solución de la Suprema Corte a los Legisladores.
Aunque existe controversia sobre el contenido en sí de ese proyecto -para PRO y LLA repone un “régimen de privilegio” a favor de los empleados y jubilados del Banco- existe una controversia previa, que tiene que ver con el trámite parlamentario en sí, que es determinante para resolver su suerte si llega al recinto.
Es que el proyecto no tiene despacho de comisión unánime que permita el tratamiento, pese a que fue aprobado el lunes en Presupuesto. Luego de eso, la vicegobernadora Verónica Magario convocó a una “sesión especial”, un mecanismo que, según la interpretación del oficialismo, permite tratar y aprobar el proyecto con mayoría simple de los legisladores presentes. Pero en la oposición surgieron objeciones respecto de la mayoría necesaria para avanzar: afirman que para ser aprobada, la iniciativa debería tener el OK de dos tercios de los presentes.
LA REFORMA
La ley devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de 65 años, a la que la había llevado la reforma de Vidal, a los 60 años y crea una escala gradual para aplicar la edad mínima desde ahora. También, plantea que las jubilaciones debían volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, cuando en la ley de Vidal se ordena hacerlo al 70%.
La iniciativa calca una que estuvo a punto de votarse en 2022, en aquel momento con pre acuerdo de PRO y la UCR, pero que terminó de naufragar por la intervención de Mauricio Macri, que le bajó el pulgar a último momento.
Ahora, con una intimación de la Corte para avanzar en una solución parlamentaria, parte de la oposición afirma que el proyecto de Kicillof va más allá de lo que pide corregir el Alto Tribunal. Y reafirma su oposición. Alejandro Rabinovich, el presidente de la Bancada de PRO, dijo que el proyecto repone un régimen de privilegios y anticipó una cerrada negativa. Incluso el diputado nacional Cristian Ritondo sumó su rechazo. La UCR + CF también evaluaba votar por la negativa. (DIB)
