La provincia de Buenos Aires apeló el embargo por $ 157.164.287.201,64 dispuesto por un juez federal, que la instó a avanzar con obras destinadas a sanear la contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata. Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que deberá resolver la controversia.
A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno bonaerense cuestionó la medida del juez en lo Civil y Comercial Federal Alberto Recondo. En su resolución, el magistrado dispuso que el dinero sea inmovilizado en una cuenta de la Tesorería General hasta tanto se acredite el inicio de las obras correspondientes.
De acuerdo con el texto de la Provincia al que accedió la Agencia DIB, “la medida decretada ostenta una gravedad institucional inusitada y consolida un avasallamiento a la autonomía de la Provincia de Buenos Aires”. Presentado por Juan Pedro Mendy, abogado de Fiscalía de Estado, para la apelación, el embargo consuma “una grave transgresión a la garantía de la división de poderes, al modificar la asignación de recursos consensuada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”. “El Poder Judicial se arrogó competencias que le resultan ajenas y desoyó lo que las esferas competentes resolvieron mediante la sanción de la Ley de Presupuesto”, plantea el escrito.
“La inmovilización de miles de millones de pesos […] provoca la virtual paralización de las actividades de la Provincia”, dice la apelación, situación que “coloca a la Provincia en el riesgo serio y concreto de incumplir con la prestación de servicios críticos e impostergables”.
En su apelación, la Provincia cita al propio juez Recondo: “La gravedad del daño ambiental generado […] obliga a adoptar decisiones que suponen introducirme […] en el terreno propio de decisiones […] que debieran ser adoptadas por los órganos ejecutivos”. En su respuesta, el Gobierno plantea que “la inmovilización de fondos públicos ha sido concebida como una medida de coerción indirecta con finalidad sancionatoria” y que “bajo la apariencia de cautelar, encubre en realidad una sanción económica de magnitud extraordinaria”.
Para la Fiscalía de Estado, “la resolución judicial no supera el test de razonabilidad pues no existe relación […] entre los medios empleados y los fines a cumplir”. “No se podrán trabar embargos preventivos que afecten la disponibilidad de fondos […] destinados a la prestación de servicios públicos”, responde la Provincia, y cierra: “La cuestión debatida excede el interés de las partes y afecta al de la comunidad en su conjunto”.
La contaminación
Según el juez Alberto Recondo, la contaminación en el sistema hídrico vinculado con el Río de la Plata alcanza niveles “aberrantes” y lo convirtió en “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Con ese diagnóstico, dispuso el embargo multimillonario contra la Provincia por las demoras en la ejecución de un proyecto clave para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en La Plata, Berisso y Ensenada.
De acuerdo con lo informado semanas atrás por el diario La Nación, el magistrado advirtió sobre “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos” en la cuenca integrada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
Recondo solicitó asistencia técnica a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El informe incorporado al expediente concluyó que existe “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema”, transformado en un receptor permanente de efluentes cloacales y residuos.
Los peritajes, citados por La Nación, detectaron un fuerte impacto cloacal en las descargas de La Plata sobre el arroyo El Gato -especialmente aguas abajo de la calle 1-, con presencia significativa de nitrógeno asociado a desechos domiciliarios. También señalaron focos relevantes aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y Melchor Romero. A esto se suman los arroyos urbanos de Berisso y Ensenada, identificados como fuentes secundarias de contaminación tanto urbana como industrial.
Otro informe pericial, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del club Regatas, identificó la existencia de un “corredor costero de aguas contaminadas”, alimentado por descargas urbanas e industriales a lo largo de distintos municipios ribereños, desde la Capital Federal hasta Punta Indio.
La demanda
La demanda que originó el expediente fue impulsada por Iván Vigo Mariños junto al abogado Aníbal Falbo, con el patrocinio de la Secretaría de Extensión de la UNLP. En ese marco, el juez sostuvo que la falta de una política sanitaria y ambiental adecuada por parte del Estado provincial se extiende desde hace más de veinte años, por lo que excede a la actual gestión de Axel Kicillof.
La obra pendiente, destinada a revertir este escenario, tiene un costo estimado de US$ 245.997.956,64 y un plazo de ejecución de tres años.
