En los últimos días, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, salió a manifestar su preocupación por el incremento sostenido de las importaciones de distintas proteínas animales a la Argentina, luego de que ingresaran al país unas 3.400 toneladas de carne vacuna, 5.600 toneladas de carne aviar y 5.900 toneladas de carne porcina, lo que generó un impacto económico estimado en alrededor de 54 millones de dólares en mayo.
Por medio de un proyecto, Puglelli advirtió que el crecimiento de la importación de carne se produce en un contexto de cambios profundos en el mercado interno de proteínas animales, en el que el consumo de carne vacuna continúa en descenso respecto de sus máximos históricos, mientras que aumenta la demanda de carnes aviar y porcina, que alcanzan consumos de 47 kilos per cápita y más de 19,5 kilos, respectivamente, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Argentina.
“Diversos actores de la cadena agroindustrial advierten que las importaciones de carne, mayoritariamente de menor valor agregado, se orientan a segmentos industriales específicos como la elaboración de chacinados y hamburguesas, lo que impacta de manera directa sobre los eslabones más sensibles de la cadena de valor y afecta la dinámica de la industria frigorífica nacional”, señaló el legislador del massismo en el escrito que ingresó a la Legislatura bonaerense.
En ese marco, el diputado del peronismo planteó que la política de apertura de la importación de carne, en un escenario donde el valor de la moneda fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado, puede generar “fuertes distorsiones en el mercado interno, erosionar la competitividad de la producción nacional y profundizar la dependencia de insumos externos en sectores estratégicos de la economía alimentaria”.
Por eso, Puglelli señaló que la consolidación en el tiempo del proceso de importación de carne terminará por concretar una sustitución progresiva de los productos nacionales por aquellos que ingresan desde el extranjero, sin que exista en el camino una evaluación integral respecto del impacto que tienen estas prácticas sobre el empleo argentino, la industria frigorífica, la producción primaria y las economías regionales del país.
