El referente de la Multisectorial de Pensionados y Jubilados (MPJ), Heriberto “Beto” Hernández, criticó con dureza la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei con el despido de 230 trabajadores de PAMI, 5 de la UGL XXXI, incluidos médicos auditores encargados de autorizar medicamentos claves para el tratamiento de enfermedades.
El despido masivo impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional afectó tanto a la estructura central de PAMI, como también a las distintas agencias que la obra social tiene en diferentes puntos del país y, en el caso de la UGL XXXI fueron despedidos 4 profesionales en Junín y uno en Bragado.
Ayer se llevó a cabo una reunión entre el titular de la UGL XXXI, Alberto Pascual, y referentes de distintos centros de jubilados y organizaciones que reclamaron por la restitución de los trabajadores despedidos. Desde la Multisectorial de Jubiladoos y Pensionados de Junín afirmaron que se trabaja en un plan de lucha y acciones coordinadas a nivel nacional y en cada una de las unidades de gestión a modo de protesta contra esta decisión del gobierno nacional.
En diálogo para el programa “Amanece que no es poco” que se emite por LT20 Radio Junín, Heriberto “Beto” Hernández, referente local de la Multisectorial, manifestó: “Es un genocidio que se tome una medida así, no solamente echaron trabajadores acá en Junín, sino también en Buenos Aires, Pergamino, San Nicolás y en Rosario”, y agregó: “Es algo muy sucio que hicieron para quedarse con la plata de los jubilados, para pagarle al FMI y solucionar los problemas que tiene el Gobierno Nacional”.
Seguidamente, el dirigente expresó: “Qué va a pasar ahora con los jubilados si no hay médicos auditores que autoricen un medicamento para tratar enfermedades, ya sean coronarias, gripes y oncológicas, incluso para internaciones”, a lo que sumó: “Si un jubilado no consigue el medicamento que precisa, directamente en cuatro o cinco días se muere y no hay vuelta”.
Según el dirigente las autoridades locales de la UGL XXXI les manifestaron que dos puestos eran políticos por ello no había marcha atrás con las cesantías de Sebastián Meneses ( médico auditor) y de Fabián Carini ( Coordinador), paralelamente les informaron que pidieron informes sobre los otros tres despedidos.
Además, Hernández subrayó que “es un saqueo para todos los jubilados, que se agravó en su momento cuando quitaron los 44 medicamentos de la cobertura, incluida la morfina para calmar el dolor de pacientes oncológicos”, y completó: “Todos los jubilados deberíamos reclamar por esto, pero no hay sensibilidad y no sé hasta cuándo la gente va a soportar esta situación”.
En continuidad, hizo alusión al diálogo sobre esta problemática con Alberto Pascual, director de PAMI Junín, junto con todos los centros de jubilados: “Me dijo que esta decisión formaba parte de un achique del Estado, cuando PAMI es una obra social privada que pertenece a los jubilados, pensionados y adultos mayores”. Luego, afirmó que “es un robo de guantes blancos lo que están haciendo, están atacando a la parte más sensible del país y con esta medida pueden hacer morir a millones de personas”.
“Estamos pensando la mejor manera de continuar con el reclamo y el plan de lucha, pero precisamos que haya una coordinación a nivel nacional para que la unión haga la fuerza y el reclamo se escuche en todas partes porque ya no se soporta más esta situación”, aseguró el jubilado.
Por último, Heriberto Hernández recargó las críticas contra el funcionamiento de PAMI al sostener que “piden los datos de la gente para cada que precisan cuando hace años que ya los tienen, les hacen ir hasta las oficinas para que firme una declaración jurada de pobreza, es indignante y no nos podemos quedar de brazos cruzados”.
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Gremios en pie de guerra
Delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) no quieren realizar declaraciones formalmente, ya que están “esperando a la secretaria del gremio” para que confirme la cantidad efectiva de despidos.
Paralelamente, los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de PAMI exigieron “que no se congelen los salarios” y que no se efectúen los despidos: “Denunciamos que ‘los buenos muchachos’ de la Salud buscan quedarse con el PAMI, sacrificando los derechos de los jubilados y vulnerando a los trabajadores”; añadieron.
“Desde ATE, nos comprometemos a defender con firmeza los derechos de quienes, día a día, sostenemos esta institución. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos», manifestaron.
