La expresidenta Cristina Fernández volvió a utilizar ayer el balcón del departamento donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria para saludar a la militancia. Es que horas antes la Justicia le había permitido salir al mismo en su casa de San José al 1111, en el barrio de Constitución. Sin embargo, los jueces le pidieron que actúe con “prudencia y sentido común” para evitar que se altere la tranquilidad del barrio.
Después de que durante la tarde le fuera colocada también la tobillera electrónica, la exmandataria reiteró su saludo a las personas presentes en las inmediaciones del edificio. Fernández había pedido que se aclare si dentro de las reglas de conducta que debe cumplir se le permitía salir al balcón. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dijeron: “Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.
“Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)”, señaló el tribunal.
Así, durante la tarde el TOF 2 autorizó el uso del balcón y ordenó además la colocación de la tobillera electrónica. Los jueces incorporaron a la resolución del balcón la nota remitida por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también los informes técnicos acompañados y, en virtud de ellos, dispusieron la colocación del dispositivo electrónico que habían ordenado.
Diligencia
Más temprano, el Personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se había presentado en el departamento de la expresidenta para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y poder definir si era viable o no colocarle la tobillera electrónica.
La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del SPF y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, inició de esa manera los informes técnicos de viabilidad. Se trató de un procedimiento habitual que se lleva a cabo ante requerimientos judiciales para casos en que se solicite la colocación de un dispositivo de señal inalámbrica para el control de presos.
La tobillera se conecta a una “unidad domiciliaria”, similar a un teléfono celular, que se instala dentro del departamento de la persona condenada y funciona como un localizador o GPS. Se encarga de enviar una señal constante al dispositivo que permite mantenerlo enlazado. Cuenta con un margen de cinco metros de distancia del domicilio. Pasado ese rango, se activa una alarma en la dependencia federal.
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