Con el respaldo de los bloque de Libertad Avanza y PRO más el acompañamiento de un grupo de legisladores radicales que cambiaron de posición en las últimas, la Cámara de Diputados dejó firme el veto del presidente Javier Milei a la ley que subió 8,1% las jubilaciones y estableció una nueva fórmula de cálculo que abría la posibilidad de que futuros incrementos no estén limitados por el nivel de inflación.
El resultado de la votación fue de 153 diputados a favor de rechazar el veto, 87 que lo respaldaron y 8 abstenciones. Para alcanzar los dos tercios se necesitaban 166 voluntades, por lo que estuvo a 13 votos de conseguir su objetivo.
En ese desenlace resultó clave el cambio de postura de cinco diputados radicales que en junio había votado a favor de la reforma – Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat- como así también la abstención del bloque de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Río Negro, Misiones y Salta.
Juntos, esos cinco radicales y los ocho federales suman 13 escaños: si no hubiesen cambiado de opinión respecto de las bondades del proyecto luego de que fue vetado, esa decisión del presidente se hubiese caído y el incremento a los haberes se hubiese mantenido firme.
También resultó estratégico el reemplazo del radical entrerriano Rodolfo Galimberti, que había anunciado un voto contra el veto, por la PRO cercana al gobernador Rogelio Frigerio, que votó a favor. Ballejos era la suplente en la lista que llevó a Galimberti al Congreso, quien dejó la bancada para ocupar una silla en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande, donde cobrará 8 mil dólares al mes. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció como “un escándalo” ese reemplazo.
Para el Ejecutivo fue un éxito que celebró el propio Milei, quien en las redes sociales difundió un mensaje en el que calificó de “87 héroes” a los diputados que no se plegaron al rechazo al veto. El Presidente había sostenido en varias oportunidades que el aumento –unos 14 mil pesos para las jubilaciones mínimas, que están en 304.540,23- y el cambio de fórmula atentaban contra el superávit de las cuentas públicas. Por eso, nuevamente calificó de “degenerados fiscales” a los legisladores que optaron por respaldar el incremento de haberes.
