La Confederación General del Trabajo (CGT), gremios agrupados en CTA-ATE y organizaciones sociales como Libres del Sur, la Federación de Tierra y Vivienda y la CC realizaran esta semana fuertes protestas contra diversos aspectos del plan económico del presidente Javier Milei, en medio de rumores de la inminente publicación de un decreto que implica despidos en el Estado y de cambios drásticos en la organización de los planes sociales.
Una de las protestas será encabezada por la CGT y las dos CTA (De Los Trabajadores y Autónoma) que marcharán el miércoles a Tribunales para pedir una medida que frene la aplicación del mega DNU firmado por el presidente Javier Milei para desregular buena parte de la economía argentina. En la jornada posterior habrá reuniones y asambleas para definir planes de lucha que podrían incluir, sobre en el caso de las CTA, la convocatoria a un paro de actividades.
En esa jornada de protesta también incluye la participación de organizaciones sociales, como Libres del Sur. El día posterior, la Corriente Clasista y Combativa de Carlos Alderete y la Federación de Tierra y Vivienda orientada por Luis D´Elía reeditarán el “matanzazo”, una fuerte protesta realizada durante la crisis de 2001, que podría incluir, como aquella vez, el corte de la Ruta Nacional 3, que atraviesa el distrito.
Ambas protestas significarán un nuevo desafío para el llamado “protocolo anti piquetes” que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que obliga a que las protestas sean realizadas en las veredas, sin cortar calles ni rutas, bajo la amenaza de fuertes sanciones y represión de “todas las fuerzas de seguridad federales”. El protocolo se aplicó por primera vez la semana pasada, con relativo éxito ante una protesta del Polo Obrero en conmemoración a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, pero no pudo aplicarse en las dos noches de cacerolazos que le siguieron, cuando calles fueron cortadas sin que intervengan las fuerzas de seguridad.
En medio de ese clima, el gobierno nacional tiene previsto publicar mañana un nuevo DNU, esta vez para comenzar a realizar la reforma del Estado, que también está contemplada en el Mega DNU número 70 y en uno de los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo para ser tratado en el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Según información a la que accedió el diario La Nación, ese nuevo decreto concretaría el anuncio presidencial, ratificado luego por el ministro de Economía, Luis Caputo, de no renovar los contratos de empleados estatale firmados por primera vez desde el 1 de enero de 2023 en adelante y que vencen este 31 de diciembre. Implicaría, según cifras no conformadas por el gobierno, que unos 7 mil agentes públicos se quedarían sin trabajo.
Además, el decreto contendría la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno, por los próximos 90 días, para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes.
Uno, el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. Y en dos marcos de empleo: uno según la Ley de Trabajo, otro según la Ley Marco de Empleo Público Nacional. Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos. Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.
Al mismo tiempo, el gobierno estaría dispuesto a avanzar con otra medida que abriría frentes de conflicto, esta vez con las organizaciones sociales. Se trata de una re ingeniería de los movimientos sociales, que implica atomizar su manejo en al menos tres secretarías: la de Niñez y Familia, la de Trabajo y la de Educación, todas bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Esa medida apunta a evitar intermediaciones y se combina con el congelamiento del Plan Potenciar Trabajo, que implica una caída fuertísima de su poder de compra real dado el alto índice de inflación existente, que en los próximos meses además aumentará significativamente, según todas las proyecciones conocidas.
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