En la actualidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Junín, se registran casos de personas que ejercen la actividad de comercialización de bienes inmuebles, como realización de contratos de alquileres, sin contar con un título o matrícula habilitante.
En dialogo con Grupo La Verdad, Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Junín, habló sobre este fenómeno y sobre el trabajo en curso para combatirlo.
Acerca del ejercicio ilegal de la profesión, dijo que se da en “personas inescrupulosas que pretenden, sin poder hacerlo, desarrollar las tareas propias de incumbencias profesionales de un título universitario y una matrícula habilitante. Son parte de las marcas que están arribando al país en estos tiempos pretendiendo ejercer la comercialización de bienes inmuebles, ya sea de construcción propia o de terceros, a través de franquicias comerciales. En la provincia de Buenos Aires esto está totalmente prohibido”.
En contraposición, Di Palma contó qué ventajas presentan las operaciones con profesionales, como por ejemplo las diferencias en la validez de un contrato de alquiler. “Se pueden pactar entre particulares. Pero hacerlo frente a un profesional habilitado da garantías: estamos ante una persona, que está en la intermediación entre locador y locatario, que tiene el ejercicio de la aplicación de la ley y que tiene actualizaciones para asesorar a las partes y llevar adelante un contrato que no cree conflictos ni tenga un transcurso indebido”.
“Las tareas y los contratos de locación por parte de las inmobiliarias del Departamento Judicial, están con un 99,9% de efectividad y conclusiones satisfactorias, sin conflictividad ni procesos de judicialización en prácticamente todos los casos. Esto demuestra la efectividad de la aplicación de la ley por parte de los profesionales habilitados”, expresó.
El trabajo realizado para enfrentar la situación
“Este año venimos trabajando con un conjunto de medidas que pidió la comisión directiva de la institución. Se establecieron líneas de trabajo muy definidas. Por un lado, la fiscalización, que es una atribución que tiene la delegación del Estado que hace la ley en la creación de los colegios, y la potestad disciplinaria que esta brinda a los mismos, para poder tener un control estricto de la actividad regida dentro del marco de la ley. Y fuera del marco de ley, toda acción contraria a la norma implica un ejercicio ilegal de la profesión que puede ser penada”, manifestó Di Palma.
Además, explicó parte del procedimiento ante estos casos: “Penalmente, se lleva adelante una denuncia a través de un expediente administrativo que se crea en la institución, ya sea presentada por terceros o por oficio por comisión directiva. Se reúnen las pruebas y se eleva la denuncia al Ministerio Público Fiscal; entiéndase las fiscalías locales de Junín, que a su vez tienen descentralizadas las fiscalías en los distintos partidos que componen el Departamento Judicial. Hacen de la acción disciplinaria penal, la instrumentación para elevar a juicio la determinación del ejercicio, cuando está individualizado y denunciado”.
“Dentro de este marco, en la próxima reunión del Consejo Superior en la ciudad de La Plata, vamos a firmar con el Fiscal General un convenio de colaboración de reciprocidad, que llevamos adelante conjuntamente con las fiscalías departamentales. Estamos arribando a un nuevo acuerdo para reafirmar el compromiso de colaborar institucionalmente para combatir este flagelo”, aseguró.
Entre otras cuestiones, esta iniciativa busca que las personas que tengan un inmueble para alquilar deban pasar sí o sí por un martillero profesional. “Creemos que esto se debe hacer algo habitual, y la ley así lo indica. La comercialización de inmuebles tiene que estar en manos de profesionales habilitados. No puede ser llevado adelante por personas que no tengan ni título ni matrícula habilitante. Sí podrían hacerlo por mandatos particulares”, indicó.
Por último, subrayó que “en los últimos meses, hicimos un trabajo junto a la UNNOBA por este tema. También hemos tenido reuniones con cada uno de los intendentes del partido. Días pasados nos reunimos en Chacabuco con Darío Golía y con Román Bouvier en Rojas. Con Pablo Petrecca en Junín también pudimos promulgar la ordenanza que prohíbe la publicidad en la vía pública contraria a nuestras normas y leyes. Esto viene de un trabajo que realiza la institución y la comisión directiva”.
