Por Redacción Grupo La Verdad
El Gobierno nacional dispuso esta semana la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país. Y esa decisión, podría impactar en el ciclo 2026.
Ante la repercusión de esta decisión, la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye) de la provincia aclaró que las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70% en la provincia de Buenos Aires, continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización justamente de la Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente.
En el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo decreto, aclaran desde el gobierno bonaerense, los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente.
En nuestra ciudad Grupo La Verdad conversó sobre el tema con Flavio Pinto, dirigente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, quien llevó tranquilidad a las familias de los alumnos al señalar que “esto no implica que vaya a haber cuotas abusivas ni aumentos masivos”.
El dirigente subrayó en ese sentido que “se trata de una cuestión que tiene que ver más con lo técnico, es importante dejarlo claro. En educación privada hay escuelas que tienen aportes del Estado (la mayoría) y las que no los tienen, que son las que se ven afectadas por esta desregulación. Es solo un 30 por ciento, en el caso de la provincia de Buenos Aires”.
Pinto indicó que un “70 por ciento de las escuelas tiene aporte estatal, eso hace que haya previsión. La libertad de aumentos para las escuelas que no tienen aportes ya existía, una vez por año, ahora se establece la posibilidad de aumentar de acuerdo al esquema que considere la escuela de acuerdo a las variables económicas.
El entrevistado marcó además que “hay una realidad que tiene que ver con el tema demográfico en la educación, tenemos una situación en la que todas las escuelas pelean por matricula. No estamos viendo que familias saquen a sus chicos de las escuelas de gestión privada por temas económicos, sí que pasen a escuelas de menor costo”.
Cambios
A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.
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