Por Redacción Grupo La Verdad
Días atrás, se conocieron los motivos del suicidio del soldado de la Quinta de Olivos, quien se quitó la vida por presuntas extorsiones recibidas por presos que cumplen su condena en La Plata. Además de este episodio, comúnmente se registran numerosos casos de engaños, amenazas, acosos y estafas por parte de delincuentes encarcelados, tanto a nivel nacional como local.
En este contexto, Marcelo Mazzeo, concejal por La Libertad Avanza de Esteban Echeverría, presentó un recurso de amparo en el que solicita de manera inmediata ante la Justicia la prohibición del uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
En su lugar, pidió que se implemente un sistema de telefonía fija, con llamadas controladas y reguladas por las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En dialogo con Grupo La Verdad, el abogado penalista Marcelo Mazzeo se refirió a su escrito presentado y brindó más detalles sobre la iniciativa.
En primer lugar, explicó que “la autorización del uso de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios provinciales fue un fallo del Tribunal de Casación Penal, en 2020, durante la pandemia. En un contexto extraordinario de emergencia sanitaria, estaban prohibidas las visitas y los contactos entre los presos y sus familiares y amigos. Esa suspensión de visitas justificó una solución transitoria destinada a evitar la incomunicación total de las personas privadas de libertad”.
“Pero fue algo excepcional, la pandemia terminó y esto sigue vigente sin ningún tipo de control ni una revisión estructural integral. Esto es responsabilidad absoluta del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario bonaerense”, continuó.
Y aseguró: “La única manera de ponerle fin a esto es con un amparo o con una denuncia penal. En materia jurídica, cuando cesa la causa que justifica una medida excepcional, su mantenimiento automático exige una nueva fundamentación autónoma. De lo contrario, se incurre en una desviación del principio de razonabilidad”.
El entrevistado contó: “Pedí una medida cautelar urgente para que, mientras se sustancia el pedido, se suspenda inmediatamente el uso de celulares en las cárceles. En Junín, sé que se está ocupando de este tema el concejal Diego Cristina”.
“Llegamos al límite absoluto de tolerar crímenes desde la cárcel. Hay infinidades de delitos, como el grooming, estafas y extorsiones, difusión de material de abuso sexual infantil, promoción de la prostitución, secuestros virtuales, acceso ilegitimo al sistema de cuentas, el famoso ‘cuento del tío’ a los mayores, etcétera. Hay 43 mil presos con celulares y es una verdadera asociación ilícita con gente afuera. Hay una estructura establecida con gente que manda y gente que ejecuta afuera. Entonces, la revisión del régimen de telefonía celular intramuros no es una discusión ideológica ni coyuntural: es una cuestión de legalidad constitucional y de política criminal racional. No podemos permitir que sigan delinquiendo desde la cárcel”, manifestó.
Si se aprueba, “no le estás sacando el derecho a la comunicación a los internos. Solo estás cambiando el sistema de comunicación por uno adecuado; se pasa de una comunicación sin control alguno a una regulada, en la que los internos van a tener que informar a las autoridades penitenciarias el número al que llaman y el receptor de la llamada va a recibir un mensaje de la telefonía que indique que ese llamado proviene de una unidad carcelaria. Como era antes. Ahí terminamos con todos los problemas. La sustitución por sistemas fijos institucionales controlados constituye una medida menos lesiva que la incomunicación y más eficaz para proteger a la comunidad”, señaló.
Y agregó: “Cuando desde establecimientos penitenciarios se dirigen estafas a jubilados, se organizan secuestros virtuales o se coordinan redes de explotación, no estamos ante hechos aislados sino ante un problema estructural de política criminal. La omisión de adecuar el régimen frente a evidencia reiterada compromete el estándar de razonabilidad constitucional”.
“Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la Legislatura tiene competencia y deber de revisar un régimen que, nacido como excepción, hoy genera consecuencias estructurales que afectan derechos de terceros. Adecuar el sistema a estándares de trazabilidad, control institucional y prevención no implica regresión de derechos; implica compatibilización constitucional”, dijo Mazzeo.
“Restablecer un equilibrio entre el derecho a la comunicación y el derecho colectivo a la seguridad no es una opción política discrecional. Es cumplir con el mandato constitucional de organizar el sistema penitenciario de modo que no proyecte riesgo hacia la sociedad”, finalizó.
La opinión del fiscal Martín Laius
Grupo La Verdad entrevistó al fiscal Martín Laius, titular de la Secretaría de Cibercrimen en materia de delitos económicos del Ministerio Público Fiscal de Junín, quien se refirió a esta situación.
“Desde el inicio de la pandemia, empezamos a investigar delitos de cibercrimen. Hemos tenido un número importante en todo el país, no solo en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires; sobre todo casos de estafas”, manifestó.
Sin embargo, expresó que en estos dos primeros meses del año no participó en ningún caso de estas características.
“En la pandemia fue cuando se autorizó, porque los internos no podían recibir visitas. Pero pasó la pandemia y lo seguimos viendo. Y hoy, para una persona que decide delinquir, es más seguro hacerlo en un contexto de encierro a través de un celular, que hace mucho más compleja la investigación en los primeros pasos”, dijo el entrevistado.
A su vez, remarcó que “es fundamental que se prohíba. El punto en el que todos estamos de acuerdo es que una persona que está condenada o con un proceso penal tiene que tener comunicación con sus familiares, pero tenemos que revisar las formas. El tema que cuestionamos es darle un celular y no tener control del contenido y del contacto libre con el exterior. También usan perfiles de Facebook por ejemplo”.
“Legalmente no correspondería que tengan celulares, está claro. Solo como excepción en la provincia podrían tener los que estaban autorizados por el penal. Hay que tener un control mucho más rígido; a nivel nación no pueden tener celulares”, indicó.
Cabe recordar que el senador provincial Pablo Petrecca, cuando era intendente de Junín, fue por la misma línea con planteos de prohibir el uso de celulares en las cárceles.
Por otro lado, Laius contó que “cuando tuvimos que ingresar a un pabellón determinado y secuestrar celulares, no solo se hace una incautación de los dispositivos, sino que administrativamente se sancionan a los internos”.
“A raíz de las investigaciones, hemos tenido charlas sobre esta situación, pero nos encontramos con esta reglamentación en la provincia desde la pandemia. Ahora está nuevamente en boca de todos para ver cómo lo solucionamos”, señaló.
Además, habló sobre la importancia de concientizar al respecto. “Siempre digo que quizás la gente minimiza las extorsiones y amenazas, pero muchas personas sí se lo creen y tenemos casos extremos como el soldado de la Quinta de Olivos, y hemos tenido muchos otros similares. Cuando ingresan estos casos se prenden las alarmas, porque uno no sabe cómo va a reaccionar la víctima. Por eso es necesario que la gente conozca este tipo de maniobras para que nosotros podamos ayudarlos enseguida para que vean que están siendo engañados por bandas criminales. Es una realidad que notamos desde hace mucho tiempo”, sostuvo.
Y agregó: “Siempre trato de dejar en claro a la ciudadanía que el cibercrimen no es una cosa aislada de dos personas que deciden delinquir. Siempre tienen una logística y actúan con pluralidad de miembros. No es una persona sola que se manda a actuar. Es mucho más complejo: siempre hay lazos y conexiones criminales con gente fuera de las cárceles que actúan en este tipo de planes”.
Por último, Laius hizo referencia al amparo presentado por Marcelo Mazzeo: “No lo leí, pero no puedo opinar sobre si va a tener éxito o no, no es asunto mío. Pero sí me parece una buena iniciativa para poner este asunto sobre la mesa y tomar una decisión de una vez. Hay que ser más claros con la situación para ver si se puede o no se puede”.
“Los amparos se sortean entre los distintos jueces, no importa la materia. Muchas veces se resuelven teniendo en cuenta el riesgo concreto que tiene para la población. Se chequean los requisitos de la figura del amparo. Desde una perspectiva jurídica, se puede rechazar como aprobar”, explicó.
