Un proyecto presentado en el Senado bonaerense propone crear un régimen para que los municipios puedan relevar, recuperar y administrar caminos rurales que se encuentren en desuso de hecho o tengan una baja funcionalidad vial. La iniciativa también contempla la posibilidad de autorizar, bajo determinadas condiciones, actividades productivas y comunitarias sobre esas trazas sin modificar su condición de bienes del dominio público.
La propuesta fue impulsada por la senadora María Inés Laurini, integrante del bloque Fuerza Patria por la Séptima sección electoral, y plantea la creación de un régimen provincial al que los municipios podrán adherir. Uno de sus principales objetivos es evitar que los caminos rurales que dejaron de utilizarse queden expuestos a ocupaciones de hecho o apropiaciones particulares.
Las facultades para municipios
El proyecto establece que los municipios que adhieran podrán crear un Registro Municipal de Caminos Rurales en Desuso de Hecho o con Baja Funcionalidad Vial. En ese registro se identificarían y clasificarían las distintas trazas de acuerdo con su situación: aquellas que necesitan ser recuperadas o reabiertas, las que podrían conservarse como reserva territorial y las que eventualmente podrían admitir un uso alternativo.
Para definir cada caso, los gobiernos comunales podrán realizar relevamientos catastrales, jurídicos, ambientales, hídricos y territoriales. Entre otros aspectos, deberán determinar la ubicación y extensión de los caminos, su estado de conservación y la eventual existencia de ocupaciones, cierres u obstáculos.
Además, la iniciativa habilita a los municipios a desarrollar tareas de custodia, señalización, recuperación y control de las trazas. Pero uno de los puntos centrales es la posibilidad de otorgar permisos para determinados usos especiales compatibles con la condición pública del camino.
Qué uso se dará
Entre las actividades contempladas aparecen el pastoreo, la instalación de colmenas y el desarrollo de huertas comunitarias. Estos usos podrían instrumentarse mediante permisos, concesiones o convenios y, eventualmente, contemplar el pago de un canon por parte de particulares, productores o empresas.
La autorización, sin embargo, tendría límites precisos. Deberá ser precaria, temporaria y revocable, no otorgará derechos de propiedad o posesión sobre la tierra y tampoco generará derecho a una indemnización. Además, no podrá implicar el cierre definitivo ni la desafectación del camino.
El proyecto también establece que los recursos obtenidos por esos mecanismos deberán destinarse prioritariamente al mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal. También podrán financiar obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial y tareas vinculadas con la gestión hídrica.
La propuesta define como camino en “desuso de hecho” aquel respecto del cual pueda comprobarse técnicamente que ya no existe una utilización pública actual. En tanto, la categoría de “baja funcionalidad vial” alcanzaría a las trazas cuya capacidad para cumplir su función habitual de circulación se encuentre reducida.
En ambos casos, cualquier uso alternativo deberá permitir que el Estado recupere el camino cuando resulte necesario. Así, una traza podría volver a utilizarse para circulación vehicular, transporte escolar, acceso sanitario, manejo hídrico u otras necesidades vinculadas al interés público.
