Una serie de países de la región se presentaron como “amicus curiae” –o amigo del tribunal– en la Corte de Apelaciones de Manhattan donde se analiza el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera YPF en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta.
Así, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador aseguraron que el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Presta es una interferencia en un estado soberano. El caso, según describió hoy el diario Financial Times, se ha convertido en un problema para la nueva administración del presidente Javier Milei.
“Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras de la nación soberana”, destacó uno de los escritos presentados por los países que apoyan a la Argentina. No solo eso: además, agregaron que la decisión de la jueza “amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos”.
Básicamente, argumentan que si el fallo sigue firme será negativo para las relaciones bilaterales comerciales entre Estados Unidos y otras naciones de la región, por ejemplo. Creen que se trata de un tribunal americano que se entromete en asuntos domésticos, que se metió con una empresa radicada en un país foráneo que se rige por estatutos y leyes locales, en este caso argentinas.
Sin embargo, todas estas cuestiones ya fueron tratadas por Preska en su falló. La jueza tomó el caso porque YPF cotiza en Wall Street y los demandantes fueron empresas accionistas que aseguraron que habían sido perjudicadas por la expropiación. Esas empresas luego vendieron sus derechos de litigar al estudio inglés Burford, el principal beneficiario del fallo de Preska.
Según citó el FT, en las presentaciones se ve la preocupación de Brasil y Uruguay por las implicancias del fallo negativo “los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción”.
Según el diario inglés, Chile y Ecuador advirtieron sobre la peligrosidad de este tipo de sentencias “cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses” y aseguraron que podrían impactar en la participación de las grandes empresas de la región en las bolsa americana y también en el comercio bilateral”.
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