El Gobierno avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago.
Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la
reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.
Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.
Atribuciones incorporadas
Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora.
Contará con amplias facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.
Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público.
Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.
En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”
En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
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