Por Redacción Grupo La Verdad
Luego que el Gobierno nacional informara días atrás que se eliminarían 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y se cerrarían una serie de oficinas de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), muchas con sedes en la provincia de Buenos Aires, ya comenzaron a llegar las notificaciones que puso en alerta a los trabajadores.
La medida había sido confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que los nuevos despidos representan un recorte del 27% de la estructura de la DGI y también adelantó el cierre de oficinas. Entre ellas se encuentran las ubicadas en los municipios de Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, entre otras.
Pero además del conurbano, ahora se conoció que las sedes ubicadas en Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy cerrarán en un plazo de 45 días corridos. De esta manera, los contribuyentes que necesiten realizar trámites deberán dirigirse a la sede regional de Mercedes o Junín.
En el caso de San Nicolás, el cierre de la sede impacta en un grupo de 35 trabajadores, quienes permanecen expectantes de definiciones acerca de su situación. Si bien no se informó de manera oficial, las funciones y la atención pasarían a depender del distrito Zárate.
Mientras que el edificio físico de Chivilcoy se mantendrá, ya no funcionará como distrito de ARCA, y recién en 45 días se terminará de definir las nuevas condiciones y el futuro de los 30 empleados y los servicios de los contribuyentes locales. En este caso, como en el de Bragado (8 trabajadores) y San Pedro, pasarían a depender de Mercedes o Junín.
Una suerte similar corrió la sede de Bolívar, que pasará a depender de Pehuajó, que desde ahora nucleará a los partidos de Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pellegrini, Tres Lomas, Trenque Lauquen y Daireaux.
En este marco, la dirigente gremial de AEFIP, Lucía Rodríguez, dijo a Grupo La Verdad que «la situación es cada vez más complicada» y explicó que hay mucha incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores.
«La dirección regional Junín abarca toda la provincia de La Pampa y varias localidades de la zona en la provincia de Buenos Aires. «En nuestro caso las sedes de Rojas, Villegas y Lincoln dependerán de Junín y estamos hablando de distancias entre 60 y 200 kilómetros y las otras, Bolívar, Carlos Casares y Trenque Lauquen son absorbidas por Pehuajó con 90 y 130 kilómetros de distancia», graficó.
En tanto, evaluó que «no se encuentra lógica en la decisión, lo único que hay detrás es daño y destrucción del estado. Hay distritos que se eliminaron que son de una relevancia muy importante como Balcarce, que tiene una actividad industrial muy grande con el mercado de la papa y hay lugares que tienen recaudaciones extraordinarias y no son deficientes bajo ningún punto de vista».
«Hay sedes que tienen implicancia territorial muy importante como el corredor del cereal en la provincia de Córdoba que se cerró, entonces no hay un criterio», completó.
FUTURO DEL PERSONAL
Rodríguez, consultada por este diario sobre el futuro del personal, dijo que «en cuanto al personal de esas dependencias tenemos un gran inconveniente porque la decisión del cierre ya está pero no hay pautas de lo que va a pasar con las 46 familias que dependen de esas fuentes laborales en Junín, por ejemplo, al 18 de abril que es cuando se vencen los 45 días».
«A nivel país son más de 900 familias en esta situación y en principio deberían trasladarse a trabajar a los lugares que los absorbieron, pero estamos hablando de distancias mínimas de 60 kilómetros y otras de hasta 450 kilómetros», destacó.
«Es brutal lo que están haciendo con la gente que no sabe qué será de su destino en menos de 45 días», insistió la dirigente gremial al tiempo que puntualizó: «La Plata, Mercedes, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín y algunas oficinas en Tandil y Necochea quedan en pie. En la regional Junín quedan 4 oficinas abiertas de las 13 que había que son 9 de Julio, Pehuajó, Santa Rosa y Chacabuco y en Mercedes queda Pilar, Zárate y alguna más, pero se redujo todo al extremo».
«El personal tiene garantizado su puesto de trabajo porque a nivel sindical se presentó una medida cautelar que al día de hoy está vigente, donde se impide al gobierno realizar despidos en el organismo porque son considerados arbitrarios y afectan la estabilidad, siendo discriminatorios porque estaban teñidos de acciones políticas e ideológicas», finalizó.
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