Por Redacción Grupo La Verdad
No habrá juicio oral y público, no hay debate en el marco de la IPP7364-22 por el robo de armas del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Junín.
La causa había sido elevada a juicio oral en diciembre del 2023 y semanas atrás se había dado a conocer que tendría lugar el debate este miércoles 7 de mayo.
Durante el juicio previsto se ventilaría la cantidad de armas sustraídas, además de los teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa incautados.
El paso que se dio para la resolución de esta causa es que se realizó un pacto procesal firmado ayer a las 10 de la mañana, conocido como juicio abreviado; es necesario aclarar que un juicio abreviado es un proceso penal que busca agilizar la resolución de casos, especialmente aquellos que involucran delitos de menor gravedad o cuando el imputado acepta su culpabilidad y busca una solución rápida al conflicto. Este tipo de juicio se caracteriza por la negociación y el acuerdo entre el fiscal, el acusado, su defensor y, en algunos casos, la víctima, para determinar una pena y la forma de cumplimiento.
Luego que los imputados renunciaron a celebrarlo oralmente y someterse a este tipo de juicio, la causa no tuvo modificaciones pesan sobre los acusados las calificaciones de “Asociación ilícita”, “Hurto calificado” y “Entrega habitual de armas de fuego” y pidieron una condena al Tribunal Oral Criminal N° 1 que determina:
. 5 años de prisión para Germán Néstor Villar
. 4 años y 6 meses para Miguel Santillán
. 4 años para Franco Santillán
. 4 años para Nora Elba Ledesma
Oportunamente se habían imputado los delitos de hurto agravado, sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, peculado, asociación ilícita, entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial.
La investigación comenzó en agosto de 2022 a raíz de un relevamiento realizado en el Área de Efectos del Ministerio Público Fiscal departamental, que confirmó el faltante de una serie de armas de fuego que debían estar secuestradas como evidencia en distintos procesos penales.
El caso
Un empleado judicial, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, su sobrino y su madre fueron detenidos acusados de conformar una asociación ilícita que robó del depósito de efectos secuestrados de las fiscalías de nuestra ciudad, una serie de armas de fuego que estaban incautadas en el marco de causas penales, para su posterior venta.
Las fuentes consultadas dijeron en aquel entonces que estaba confirmado el faltante de 20 armas de fuego (luego establecido un número mayor con el curso de la investigación) y de varias municiones, que según la pesquisa terminaron vendidas en el «mercado negro» en la ciudad de San Nicolás, pero se trabajó a en una nueva revisión del inventario en Junín, ya que la sospecha era que podían ser más.
La Fiscalía General informó en un comunicado emitido por aquellos días que la investigación había comenzado en agosto de 2022 a raíz de un relevamiento realizado en el Área de Efectos del Ministerio Público Fiscal departamental, que confirmó el faltante de una serie de armas de fuego que debían estar secuestradas como evidencia en distintos procesos penales.
La causa la inició el fiscal Esteban Pedernera a partir de un expediente a su cargo, donde un imputado a quien se le había secuestrado un arma por la irregularidad de no tener en regla todas sus credenciales, al regularizar dicha situación pidió la devolución de la misma.
Posteriormente se efectivizaron cuatro detenciones solicitadas por el fiscal y ordenadas por la jueza de Garantías 2 del Departamento Judicial de Junín, Marisa Muñoz Saggese.
La fiscalía identificó a los detenidos como el agente judicial Germán Néstor Villar, alojado en la UP 49 (cuyo abogado defensor es el doctor Fernando Ojeda), el agente penitenciario Miguel Santillán detenido en la UP 9, su sobrino Franco Santillán en la UP 3 y su madre Nora Ledesma con prisión domiciliaria (defendidos del doctor Silvio Acerbo).
En el caso de Villar se aclaró en aquel comunicado que «nunca estuvo a cargo ni asignado a tarea alguna relativa el Área de Efectos secuestrados» y se aclaró que «la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial».
Una de las fuentes consultadas explicó que Villar no cumplía funciones jurídicas, sino que en las fiscalías trabajaba en el área de «maestranza» y eventualmente como chofer.
En el caso de Santillán, la fiscalía aclaró en el comunicado que «se trata de un agente penitenciario en actividad que cumplía sus tareas en la Unidad 49 pero cuya conducta, en este caso, tampoco involucraría -en principio-, la responsabilidad institucional o funcional del personal de dicho establecimiento».
Respecto de los otros dos imputados, familiares del penitenciario, se informó que tenían domicilio en la localidad de San Nicolás de los Arroyos -donde según la pesquisa se vendían las armas robadas-, y que resultaban sobrino y madre de Santillán.
A su vez se comunicó que con personal de la División Unidad Operativa de la Policía Federal -delegaciones Junín, Pergamino, San Nicolás-, se instrumentaron en Junín y San Nicolás una serie de registros domiciliarios, al igual que de vehículos y personas. Allí se logró incorporar «material de interés» como «dispositivos electrónicos» sobre los que luego «se cumplimentaron labores de extracción de dicho contenido».
La imputación que pesa sobre los acusados incluye cinco delitos: el hurto agravado, la sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, el peculado (para Villar por uso de un vehículo oficial), la asociación ilícita y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial.
++++++++++++++++
