El Gobierno ya había anunciado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa exigencia. Con esta medida, ese paso no será necesario.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El país tampoco estará obligado a depositar una garantía.
El Gobierno ya había anunciado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa exigencia. Con esta medida, ese paso no será necesario.
Tras conocerse el pedido de Preska de entregar la participación accionaria estatal en la petrolera, la Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a ese pedido y suspendió temporalmente la orden de Preska, pero ahora se conoció la decisión definitiva.
En tanto, Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con US$16.100 millones (más intereses) a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.
La presentación de los argumentos orales está prevista para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas.
La fecha fue ratificada la semana pasada, después de que la Cámara de Apelaciones no hiciera lugar a un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionista minoritaria de YPF al momento de la nacionalización.
La estatización de YPF ocurrió el 16 de abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner anunció la expropiación del 51% de las acciones de la empresa para recuperar la soberanía energética de Argentina. El proyecto fue votado por el Congreso Nacional. Esta iniciativa apuntaba a controlar los recursos energéticos del país y evitar la privatización previa de YPF por parte de la empresa española Repsol.
