Deberá pronunciarse sobre el pedido del fiscal, que planteó ampliar a 12 años la condena. Luego el tribunal decidirá si confirma o no la pena, que podría inhabilitarla como candidata.
La Corte Suprema de Justicia dio un paso importante para decidir el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. Le envió al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, el expediente sobre su condena por corrupción en la causa Vialidad para que dictamine si corresponde revisar la pena de 6 años o agravarla a 12 años de prisión.
El fallo de la Corte definirá, además, si es que la expresidenta queda imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos.
Si bien la opinión del procurador no es vinculante, si es necesaria para que el máximo tribunal pueda expedirse. Suele hacerlo con cierta celeridad, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del caso. Y, en la mayoría de las veces, sus resoluciones después van en sintonía con el máximo tribunal.
La Corte, con la integración de los tres jueces, será en definitiva la responsable de analizar los recursos de queja que presentaron todos los condenados en el caso Vialidad, como también el del fiscal general Mario Villar, que reclamó una pena mayor para la expresidenta.
Las presentaciones se formularon después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las apelaciones a la decisión de confirmar la sentencia condenatoria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado que se estimó en 85.000 millones de pesos. La acusación representa una pena de seis años de cárcel.
Si la Corte confirma la condena, la expresidenta deberá cumplirla la pena en prisión y no podrá ser candidata de por vida. Como tiene más de 70 años podría solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, una opción contemplada por la legislación.
La resolución sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos podría ser clave para el futuro del peronismo, ya que el sector más alineado con el kirchnerismo había comenzado a barajar la posibilidad de que Cristina se postule a legisladora provincial en Buenos Aires, el 7 de septiembre.
Sin embargo, es posible que el máximo tribunal le envíe en los próximos días al jefe de los fiscales otros planteos que entiende, deben ser analizados por él. Uno de ellos es de la defensa de la exmandataria que considera que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no abordó sus principales reclamos: arbitrariedad en la sentencia, gravedad institucional y temor parcialidad. (DIB)
