El abogado laboralista Julián de Diego afirmó que la Ley de Modificatoria laboral impulsada por el Gobierno Nacional busca «mejorar la situación de los que están en la clandestinidad” y “fomentar las inversiones”.
En diálogo con Radio Rivadavia, explicó los cinco pilares de la iniciativa oficial y cómo impactará en las pequeñas y medianas empresas (pymes), en los trabajadores y en los sindicatos, y destacó aspectos ya existentes.
Según supo, la Agencia Noticias Argentinas, el especialista subrayó que la columna vertebral de esta reforma es el “blanqueo laboral”, ya que existen “ocho millones de personas en la clandestinidad”: «Si vos no revertís ese proceso, todo el resto de la reforma se desmorona», agregó.
Por otro lado, enfatizó la necesidad de generar confianza y previsibilidad para las empresas mediante cuatro elementos clave: la reforma laboral, estabilidad con cero inflación, la recuperación de la confianza y la previsibilidad para las compañías.
Respecto a la modalidad de pago, el abogado aclaró que la posibilidad de pagar parte del salario “en especies” (productos o mercadería) es algo que “ya existe” en la legislación actual, respaldados en los artículos 81 y en el 103 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1975 y remarcó que no son “nuevas legislaciones».
El límite para el pago en especies es del “20% de la remuneración”, para no privar al trabajador del dinero en efectivo, que es de mayor disponibilidad. El experto explicó que muchas empresas ya aplican esta modalidad, especialmente aquellas con centros de consumo propios para sus empleados. Sin embargo, aseguró que la reforma “no contempla” el regreso de los «ticket restaurant» o «ticket canasta», ya que estos fueron declarados inconstitucionales. La novedad en este punto es que la ley permite el pago “en divisas”, como dólares o euros, algo que podría ser relevante para las empresas de nuevas tecnologías.
En cuanto a los juicios laborales, uno de los principales reclamos de las pymes, de Diego sostuvo que la reforma busca «traer claridad en temas que había en debate» y puso como ejemplo la “indemnización por despido” (artículo 245), donde se discutía si el aguinaldo o las vacaciones debían incluirse en la base de cálculo, a pesar de que la ley original especifica la «mejor remuneración mensual».
Por otra parte, declaró que la reforma incluye unos 40 artículos que buscan resolver estas situaciones de conflicto, con el objetivo de reducir la judicialización. No obstante, aclaró que esto no resuelve la totalidad del problema judicial, que también está ligado al “trabajo clandestino” y al “riesgo de trabajo”. En este último punto, mencionó fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia que buscan estabilizar la actualización de los créditos, dada la desproporción de algunas indemnizaciones por lesiones menores.
Según de Diego, la reforma laboral representa una «revolución» para las pymes en términos de costos laborales y formalización. Para las empresas que se encuentran en la informalidad, la ley establece un “perdón de todo el pasado”. Por ejemplo: una panadería con empleados en negro durante diez años podrá regularizar su situación sin tener que pagar deudas acumuladas.
A los trabajadores que estaban en la clandestinidad, se les reconocerá la “antigüedad a los efectos jubilatorios”, con un plazo que oscila entre los 24 y 40 meses, asegurando que no queden desamparados. Además, el ingreso a la economía en blanco será «muy barata», con un mecanismo gradual de crecimiento de aportes y contribuciones, comenzando con un “5% de contribución patronal”. Esta medida busca compensar la recaudación perdida con la incorporación de una mayor masa de trabajadores formales, ya que, según el abogado, «hace catorce años que no cambia la cantidad de trabajadores que están en blanco».
Un punto de la reforma que «va a producir mucho ruido», es la posibilidad de que el empleador “pueda negarse a ser agente de retención de las cuotas sindicales y solidarias”. Tradicionalmente, el empleador retiene un porcentaje del sueldo del trabajador y lo deposita al sindicato, un mecanismo que el abogado calificó de «conquista sindical extraordinaria» que aseguraba el cobro._
Con la nueva norma, el empleador puede decir si realiza o no esos aportes sin que constituya “una infracción”. Si esta atribución se ejercita, «se cae la recaudación de los sindicatos», ya que tendrían que ir a recaudar, directamente, como «un club de fútbol», sin la seguridad que les brindaba el empleador.
Para finalizar, vinculó directamente este cambio con la convocatoria a una medida de fuerza para el 18 de diciembre, y remarcó que este es un «cambio profundo para los sindicatos».
