Por Redacción Grupo La Verdad
Grupo La Verdad entrevistó a la directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Gobierno de Junín, Alejandra Tomasone, quien brindó mayores precisiones sobre los dos proyectos de ordenanza presentados en el Concejo Deliberante que buscan reforzar la intervención de dicha área ante situaciones de sobreendeudamiento por parte de vecinos y familias, como también para brindar asesoramiento y acompañamiento a consumidores híper vulnerables.
Tomasone también aseveró que en el último tiempo aumentaron considerablemente los reclamos que llegan a la OMIC por créditos de consumo básico y consumidores híper vulnerables, y las denuncias por abusos y acosos telefónicos que muchas personas padecen por haber contraído endeudamiento con poca información. En este sentido, uno de los proyectos presentados busca promover una mayor transparencia en los requisitos de los créditos y protección financiera, y destacan la importancia de su aprobación sobre todo para dotar de mayor celeridad a la resolución de estos conflictos en los que se ven envueltos muchas veces consumidores híper vulnerables como los adultos mayores.
Tomasone afirmó que “el objetivo que tiene este proyecto es plasmar en una ordenanza local todo lo que ya venimos haciendo desde la OMIC respecto al saneamiento del sobreendeudamiento con los consumidores y usuarios de Junín, y garantizar fundamentalmente que todos los vecinos cuenten con información veraz, eficaz, accesible y todo el conocimiento necesario a la hora de tomar un crédito”.
Seguidamente señaló que “cualquier proveedor financiero tiene que poder asesorar y aconsejar al que va a tomar ese crédito respecto de la financiación, las tasas de interés y el tipo de amortización va a tener que va tener la deuda”, y prosiguió: “También es clave que se evalúen los antecedentes crediticios para tener un panorama general sobre cómo está la familia en cuanto al consumo de bienes de uso y servicios y cuánto es el gasto común, sin atacar la dignidad de los núcleos familiares”.
Además, la abogada sostuvo que “el proyecto de ordenanza habilita a la OMIC como autoridad de aplicación para poder intervenir ante este tipo de situaciones, ya sea de manera preventiva o a posteriori de haber tomado el crédito correspondiente”. En continuidad, expresó que “en los casos de créditos ya tomados, los consumidores deben brindar toda la información sobre la deuda y consumos que haya tenido, y eso luego se traslada a la otra parte para tratar de llegar a un acuerdo tratando de establecer pautas claras que ambas partes deben cumplir”.
“Esta propuesta también busca promover una mayor celeridad en el trabajo que venimos haciendo sobre esta cuestión y llegar a acuerdos rápidos, especialmente para los casos de los adultos mayores que concurren hasta la OMIC con el problema de que sus jubilaciones quedaron en cero cuando las fueron a cobrar, como consecuencia del cobro de las cuotas de estos créditos”, aseguró.
Asimismo, la directora municipal expuso que “si bien el Código de Implementación de la Provincia ya nos habilita para intervenir ante estas situaciones, es importante que haya un marco normativo dentro de Junín para que el trabajo sea más efectivo en cuanto a las contestaciones por parte de los proveedores”, y resaltó que “se trata de un paso importante para la reestructuración de las deudas familiares”.
A su vez, la titular de la OMIC hizo alusión a la actualidad que se vive con este tipo de situaciones de sobreendeudamientos: “Esta problemática se ubica actualmente entre los principales reclamos que nos llegan a la oficina y ha aumentado mucho en el último tiempo, sobre todo en cuanto a costos financieros, créditos de consumo y tarjetas de crédito”, y ahondó: “No hablamos de créditos suntuosos, sino de financiamiento para la alimentación, medicina o para hacer frente al pago de las tarifas de los servicios públicos”.
A modo de cierre, Tomasone aportó que “todo esto viene de la mano con otro proyecto de ordenanza que también se va a presentar en el que se tiene en cuenta a los consumidores que son híper vulnerables, ya sea por edad o por cuestiones culturales, de género o socioeconómicas”. Por último, sostuvo que “la falta de información en este tipo de situaciones da lugar a que las personas no sepan siquiera a quién tienen que pagar, y a situaciones de acoso e intimaciones vía telefónica o por mail”.
