Por Redacción Grupo La Verdad
Un grupo de diputados radicales presentó este lunes un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora en torno al escándalo por la criptomoneda $Libra, que envuelve al presidente Javier Milei y por el cual ya existen varias denuncias penales en la Justicia y un pedido de juicio político
«La conducta del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei que derivó en la promoción de la criptomoneda $LIBRA y en la generación de millones de dólares en ganancias para unos pocos y desconocidos inversores iniciales a costa de quienes siguieron el mensaje de la cuenta presidencial nos obliga a promover la creación de una comisión investigadora», expresaron los legisladores nacionales de Democracia para Siempre.
Desde el bloque que integran algunos radicales y es presidido por Pablo Juliano, indicaron que «la Cámara de Diputados debe hacerlo en cumplimiento de sus facultades constitucionales de fiscalización y control».
En el mismo sentido, los diputados de Democracia para Siempre hicieron un pedido de informe al Poder Ejecutivo en torno a algunas cuestiones vinculadas a los hechos ocurridos con la criptomoneda $Libra. Este documento cuestiona si el presidente Milei tenía vínculos con los creadores de la criptomoneda, por qué decidió promocionarla, qué sabe el Gobierno de la empresa que creó la moneda virtual, si el Presidente recibió dinero a cambio de la promoción, entre otras cuestiones.
DANYA TAVELA
Consultada al respecto por Grupo La Verdad la diputada nacional Danya Tavela dijo que «hemos acordado como sector del radicalismo pedir lo que corresponde que es una comisión investigadora del Congreso de la nación para deslindar o determinar responsabilidades. Esto es algo que está previsto, que se hizo en enero pasado con los diputados que visitaron a los genocidas en la cárcel en enero del año anterior».
Y puntualizó luego: «lo que buscamos es eso. Hay otros bloques que están pidiendo un proceso de indagatoria al Jefe de Gabinete, a la Secretaría General de la presidencia porque esto va tomando un volumen cada vez más importante. Para nosotros es importante que se genere la comisión para poder generar las condiciones de investigación que determine si debe actuar la justicia o los pasos a seguir».
«La comisión investigadora está dentro de lo que es la comisión de peticiones y poderes la integran todos los diputados de las distintas fuerzas de manera proporcional a la cantidad de diputados que se tiene en cada bancada», aclaró más adelante.
En ese marco, la legisladora sostuvo que «se analizará el rol de los involucrados que tengan una responsabilidad política. No vamos a meternos con los involucrados en la parte técnica o económica de la acción que se analiza. Sí con el presidente o con aquellos diputados que retuitearon o que además promovieron esas criptomonedas».
«Se generó una ola de comunicación y de publicidad que cuanto menos es publicidad indebida, pero hay que ver también si no hay una conducción de intereses, abuso de poder de la figura pública, etc. Hay un montón de delitos que se configuran en la ley de ética pública y será menester de esta comisión investigadora determinar si son o no esas causales», reforzó.
ESTAFA INÉDITA
En tanto, Tavela, dijo que «esta situación no se había dado nunca a nivel mundial. Se dio en el caso de Estados Unidos la «meme coin» que lanzó el presidente Donald Trump a dos días de asumir su cargo que es una especie de moneda de recuerdo. Esto fue otra cosa, se trató de una situación donde se invitó a invertir en un proyecto que iba a sostener a su vez emprendimientos argentinos y a las pocas horas de que se pone en cotización los principales referentes del proyecto retiran los fondos con el crecimiento de esa moneda, dejando en cero a la mayoría de los inversores».
«Esto es una estafa porque de movida están mal dadas las condiciones porque en ninguna criptomoneda los creadores tienen más allá del 10 o 15% y acá 9 jugadores tenían el 87%. Entonces ellos hicieron que la moneda empiece a subir y cuando ingresaron los incautos a invertir a partir de la recomendación del presidente, que se capitalizó, retiran los fondos y se cayó el valor», señaló.
Más adelante, expresó: «la comisión investigadora la tiene que convocar la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso Martín Menem, que fue uno de los que tuiteó. Por lo cual vamos a insistir con esto. El viernes se termina el período de sesiones extraordinarias y misteriosamente no se terminó de sancionar el proyecto de ficha limpia porque el Senado no lo va a hacer, ni siquiera lo dictaminó».
«Nosotros vamos a convocar a una sesión especial, la primera semana de marzo. Se supone que Javier Milei va a realizar la apertura de sesiones el sábado 1 y a partir de ahí vamos a convocar a esa sesión a los efectos de conformar en recinto la comisión investigadora que después llevará el tiempo que lleva generar los consensos para la firma de un dictamen», enunció.
RACIONALIDAD
Por otra parte, la diputada radical dijo que «tampoco vamos a salir corriendo detrás de Unión por la Patria sobre un juicio político porque primero hay que determinar responsabilidades, investigar seriamente y hacer las cosas bien. Tiene que ganar o primar la racionalidad porque a este lío que significa que el presidente promueva una estafa sin querer o queriendo no se le puede sumar más irracionalidad».
«El radicalismo tiene dos bloques, pero en este caso los dos bloques estamos en la misma sintonía», finalizó.
La comisión autoinvestigadora de Milei
El Presidente creó por decreto una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en el ámbito del Ministerio de Justicia. Según el texto, se encargará de «recabar los elementos relacionados con el criptoactivo $Libra», la criptomoneda promocionada por el propio Presidente y denunciada como una estafa.
La insólita respuesta que dio el Gobierno para esclarecer el escándalo del criptogate en el que quedó envuelto el Presidente es “colaborar” con la Justicia e investigarse a sí mismo.
A través del Decreto 114/2025 publicado en el Boletín Oficial se instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) a iniciar averiguaciones para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con el uso de ese activo digital en la Administración Pública Nacional.
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