En la previa de la Audiencia Pública que se llevará a cabo este jueves y tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos de las tarifas de luz y gas, el Gobierno analiza ampliar aún más las condiciones para que los usuarios puedan acceder a los subsidios a la energía que otorga el Estado nacional.
Según surge de los nuevos documentos que publicó la Secretaría de Energía en su página web, podrían “tomarse en consideración para el rechazo o exclusión del beneficio” a los que viajaron más de una vez al exterior en los últimos 5 años, si fue a un país no limítrofe con la Argentina; y a quienes sean titulares de una cobertura de medicina prepaga que no esté vinculada a un trabajo en relación de dependencia.
Pero también los criterios con los que el Gobierno de Javier Milei avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas de red y garrafas) apuntan a los usuarios que hayan comprado dólares o cualquier moneda extranjera en los últimos 3 meses y a quienes pagan en telefonía celular el equivalente a más del 25% de un salario mínimo, valor que desde marzo será de $ 50.700 (sobre $ 202.800).
Estos criterios de exclusión de la ayuda estatal presuponen que los usuarios tienen suficientes ingresos o patrimonios para afrontar el costo pleno de la energía en sus tarifas, y se suman a otros como tener un auto o moto con una antigüedad menor a 5 años o dos con menos de 10 años.
La audiencia tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos, pues el decreto 332/2022 diseñado durante la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, determinaba que los aumentos no pueden superar para los usuarios N2 (ingresos bajos), el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y para los usuarios N3 no pueden superar el 80% del CVS del período contado desde el aumento previo. En la audiencia del jueves, el Gobierno presentará la “Canasta Básica Energética”, el concepto a partir del cual presente focalizar mejor la ayuda del estado y reducir el monto total de los subsidios.
En relación con los ingresos, el Gobierno también tendrá en cuenta a quienes realicen consumos con tarjetas de crédito o billeteras virtuales por el equivalente a más de 5 salarios mínimos, una cifra que ascendería en marzo a $ 1.014.000.
Otros aspectos patrimoniales que considerará el Gobierno, mediante la declaración voluntaria de los usuarios o el cruce con múltiples bases de datos, son la tenencia de aeronaves, embarcaciones de lujo o con fines recreativos, la titularidad de al menos dos inmuebles, automóviles de lujo o de colección y la pertenencia al directorio o la propiedad de una empresa privada.
La idea de la Rosada, ya explicitada por el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, es subsidiar solo a aquellos grupos familiares para lo que el costo de la Canasta Básica Energética (CBE), exceda el 10% del ingreso familiar. Eso a su vez estará cruzada por cuestiones como las distintas “zonas bioclimáticas” del país. (DIB)
