Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad, analizó los incrementos que se brindan a los haberes jubilatorios mínimos, a través de un bono, y aseguró que “la gestión Massa los ha institucionalizado”, a la vez que opinó sobre la cuestión previsional y las dificultades que atraviesa la mayoría de los jubilados y pensionados del país.
“No solo no alcanzan los haberes, sino que el deterioro es progresivo. Hoy, con el ajuste que ha tenido en la mínima de sus jubilaciones, fue por ley de 12 mil pesos y con el pago en negro, que se llama bono, son 15 mil, que son los mismos que cobraron el trimestre anterior, con una inflación en este tiempo del 41%”, remarcó Semino.
Al respecto, recordó que “ha última canasta de jubilados, publicada el 6 de abril, estaba en 209 mil pesos. Hoy sobra 85 mil pesos y con eso deberá llegar hasta el mes de septiembre”.
“Lo que estamos viendo es que el ajuste de la economía se hace sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad, 8 millones de personas que son el sector más frágil de la sociedad. El total del reajuste para la mínima o hasta dos mínimas, durante todo el año pasado, fue del 72,5%, mientras la inflación en el mismo período fue del 94,8%”, apuntó.
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad dijo que “me alarma profundamente que aquellos que son opositores políticos, de distintos grupos, no hablan de esta situación, del padecimiento de la gente que se muere en el camino y nosotros vemos en forma directa”.
SISTEMA PREVISIONAL
“Hoy ya no existe el sistema previsional en términos tradicionales, porque se basan en la historia laboral de quienes han aportado al sistema y los principales básicos son la proporcionalidad y la equidad. La jubilación es un salario diferido. Hoy quienes están en el sistema, la mayoría está en la mínima y no tiene que ver con los aportes que realizó cada uno, y esto será más grave ahora con los 800 mil jubilados que están ingresando ahora al sistema a través de la moratoria”, subrayó Semino.
Según indicó, “técnicamente hoy tenemos un programa de subsidios por edad, el Estado les da algo y no tiene que ver con el derecho adquirido por esa gente, porque no le sirve para cubrir necesidades básicas y ese poco es cada vez menos”.
“Hemos pasado del sistema privado al público y viceversa siempre con las mismas leyes del año 93, y se debería estar discutiendo cómo financiar. Nosotros tenemos un sistema de reparto asistido, la mitad proviene del trabajo –que en un 50% es en negro- y la otra mitad es el aporte fiscal, y sólo se hace a través del IVA, por lo cual se le paga lo que se les paga a los jubilados. Además, es el único país que paga un bono y en negro, porque es no remunerativo y nosotros hemos cuestionado judicialmente: lo da el funcionario de turno cuando quiere y como quiere. La gestión Massa lo ha institucionalizado, lo ha hecho una política de Estado a este bono en negro”, analizó.
En el amparo colectivo presentado desde la Defensoría, contó que “estamos pidiendo que ese bono sea integrado al haber jubilatorio y el ajuste por movilidad se haga sobre todo esto, incluso se calcule el aguinaldo sobre esta base más amplia”.
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