Por Redacción Grupo La Verdad
Luego de la Resolución 2024-267 emitida por el Ministerio de Economía de Nación que prohíbe a Ejecutivos municipales y provinciales adjuntar el cobro de tasas con servicios, el Dr. Fernando Scanavino afirmó que celebra la medida en cumplimiento con la Ley de Defensa del Consumidor y destacó que significa un alivio para los bolsillos de los consumidores.
Consultado sobre la resolución mencionada en el programa “Amanece que no es poco” por LT20 Radio Junín, el Dr. Fernando Scanavino, abogado y dirigente de La Libertad Avanza (LLA) Junín, declaró: “Es algo que se venía hablando desde hace bastante y que tiene que ver con la lógica que tiene este Gobierno Nacional que cumple con lo que dice, más allá de los errores y el ajuste que se implementa”, y remarcó que “es un alivio al bolsillo para todos los habitantes de este país, sobre todo en estos momentos que vienen boletas exorbitantes”.
Luego, explicó que “la Ley de Defensa del Consumidor no aplica solamente a los privados, de hecho durante mi gestión al frente de la OMIC en Junín sentamos muchas veces al Municipio por reclamos de los particulares, ya sea por el cobro de tasas o la inconformidad en la prestación de los servicios públicos”. En continuidad, sostuvo que “el 95% de los municipios no se reconocían como sujetos comprendidos bajo esta ley, por lo cual celebro esta medida”.
Seguidamente, el abogado afirmó que “se trataba de una práctica abusiva y aplastante por parte de los Estados provinciales y municipales, por la que se ejercía un cobro totalmente coactivo y engañoso que en parte estaba dirigido a las arcas estatales, cuando no tiene ningún tipo de relación con el objeto del servicio público en cuestión”. Al mismo tiempo, manifestó que “en caso de que se continúe con esta práctica abusiva, va a haber una lluvia de amparos frente el Poder Judicial por parte de todos los vecinos”.
También subrayó que “no hay ningún recurso legal que permita a los municipios parar con esta resolución porque la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, lo que significa que está por encima del resto de la leyes y, en este marco, ningún juez se animaría a ir en contra del orden público y la Constitución Nacional”. A continuación, recalcó que “más allá de las sanciones judiciales, quien no quiera cumplir con esta resolución tendrá un costo político y una condena social, porque a ningún vecino le gusta que cuando paga la boleta de luz o gas un 25% se lo quede el Municipio”.
Asimismo, el Dr. Scanavino dijo que “la resolución habla no solo de servicios, sino también de bienes, de manera tal que también deberían ingresar en esta lógica las tasas que se cobran por el combustible”, y amplió: “Pagamos por nafta y no por poner un peso en materia de seguridad porque al Estado se le antojó de manera cuasi monárquica”.
“No es un tema de desfinanciamiento público, sino que se trata fundamentalmente de bregar por el cuidado del bolsillo de la gente”, indicó el ex titular de la OMIC y opinó: “Lamentablemente crecimos en un país donde el Estado es un socio de palo para las ganancias, pero no así para las pérdidas, donde permanentemente se busca meter mano en los bolsillos para prestaciones que luego no son lo que uno espera”.
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