El presidente del Bloque Frente PRO Cristian Ritondo ante el creciente incremento de delitos violentos presentó, acompañado de diputados del bloque que comanda, dos proyectos de ley: la reforma del Código Penal de la Nación y un nuevo Régimen Penal de la Minoridad. Ritondo advierte que es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo. “El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y por eso estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”, aseguró.
Cristian Ritondo apuesta a los cambios integrales que puede generar principalmente la reforma del Código Penal: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.
Algunos aspectos destacados del proyecto del Código Penal son:
● Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales
● Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
● Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.
● Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.
● En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.
● Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
● En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.
● Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.
El otro proyecto de ley que el diputado nacional del Frente PRO Cristian Ritondo considera también fundamental es el de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad: “El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida. Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.
Algunos aspectos destacados del proyecto de ley para un nuevo Régimen Penal de la Minoridad:
– Crea un régimen penal para los menores de entre 14 y 18 años de edad. Establece la edad mínima de imputabilidad a partir de los 14 años.
– Viene a reemplazar una ley vieja, que data de 1980 de la época del proceso, que ha quedado desactualizada y obsoleta.
– No solo busca poder darle contención y reparación a la víctima del delito sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere.
– Establece órganos específicos en la materia, con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y de revinculación social.
– Se destaca que siempre el menor tendrá derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso, y que, más allá de su defensa técnica, tendrá derecho a contar con el acompañamiento de sus padres o responsables o, en su defecto, de un referente que los contenga en la dimensión psicológica y afectiva durante el devenir del proceso.
– El juez podrá aplicar: amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico; e internamiento en centro especializado.
– A pedido del fiscal, se pueden pedir distintas medidas cautelares como la prohibición de salida del país, de asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras.
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