Por Federico Mighella (*)
Todo orden social revela su naturaleza en el modo en que trata a sus adultos mayores. No se trata solo de una cuestión fiscal o presupuestaria, sino de una definición profunda sobre qué vidas merecen ser cuidadas. La vejez —como la infancia, la enfermedad o la discapacidad— interpela la lógica productivista, y por eso representa un umbral ético: ahí se prueba si una sociedad reconoce los derechos más allá de la utilidad económica.
Desde principios hasta mediados del siglo XX, el mundo asistió a una serie de reformas que establecieron, en distintos países, un piso mínimo de derechos sociales universales. Especialmente en Europa —y luego en otras regiones, incluida América Latina— se consolidaron los sistemas de seguridad social. Alemania, bajo el gobierno de Bismarck, implementó un rudimentario sistema jubilatorio hacia fines del siglo XIX, pero fue después de las guerras mundiales que se instalaron modelos más robustos de Estado de Bienestar.
No fue un regalo de las élites. Fue el resultado de décadas de organización obrera, movilizaciones sociales y conquistas políticas que forzaron a las clases dominantes a ceder derechos. En algunos casos, por convicción democrática. En muchos otros, por la necesidad de contener el conflicto social y evitar que el descontento derivara en rupturas más profundas.
En el Reino Unido se institucionalizó el sistema “Beveridge”; en Francia y los países nórdicos se avanzó con políticas similares; y en Argentina, el justicialismo —apoyado en un movimiento obrero fuerte y activo— diseñó una de las arquitecturas previsionales más avanzadas de la región.
La idea era sencilla, pero poderosa: después de toda una vida de trabajo, toda persona tiene derecho a descansar, a vivir su vejez con dignidad, con cuidado, con reconocimiento social.
Pero el capitalismo nunca terminó de reconciliarse con esa idea. El sistema siempre ha despreciado el ocio, la pasividad, la improductividad. El que no produce, el que no rinde, el que no genera valor de mercado, no sirve. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han explica que el sujeto neoliberal se autoexplota en nombre del rendimiento. En esta fase del capitalismo, la existencia debe ser útil o, de lo contrario, debe ser descartada. Como ha denunciado el papa Francisco, vivimos bajo una “cultura del descarte” que no solo desecha objetos, sino también personas.
Los jubilados son, en este contexto, una figura límite. Han cumplido con todas las reglas del juego, han aportado al sistema, han sostenido durante décadas el mundo del trabajo. Pero una vez fuera de la rueda productiva, ya no valen. Se los considera “pasivos”, “carga”, “gasto público”.
Incluso la moratoria previsional —una política de justicia social que permitió que cientos de miles de mujeres, en su mayoría abuelas que trabajaron toda su vida sin recibo ni obra social, pudieran acceder a una jubilación— es utilizada como excusa para justificar los haberes de miseria. Como si el problema fuera que hay demasiados viejos y no que se reparte mal la torta. La discusión no debe ser quién queda afuera, sino cómo garantizar que esas personas mayores, hayan aportado o no, puedan vivir su vejez con dignidad.
Esa lógica —propia del neoliberalismo más crudo— encuentra en el gobierno de Javier Milei su expresión más descarnada. En lo que va de su gestión, el grueso del ajuste se hizo sobre la población jubilada. La licuación de haberes, la amenaza constante de veto ante cualquier mejora votada por el Congreso, la negativa a actualizar los ingresos por inflación, son solo formas materiales de una misma concepción ideológica: las jubilaciones no son un derecho, son un problema.
La frase que pronunció Milei, hablando de “viejos meados”, no es un exabrupto: es la verbalización brutal de esa cosmovisión. Lo que antes se decía con tecnicismos (déficit, gasto, sostenibilidad), ahora se dice sin filtros. No se trata ya de hacer ajustes con vergüenza: se trata de hacerlo con orgullo.
Y, sin embargo, no hay modo más directo de comprender el tipo de sociedad que se está construyendo que observando cómo se trata a quienes ya no pueden trabajar. Ahí se revelan tensiones profundas: entre el cuidado y el abandono, entre la memoria y el olvido, entre la justicia social y la mera lógica del mercado.
La cuestión de las jubilaciones no es solo técnica. Es política, ética y cultural. Es una discusión sobre qué tipo de comunidad queremos ser y qué valor asignamos a la vida en todas sus etapas.
En definitiva, el modo en que cuidemos a nuestros adultos mayores será una de las señales más claras del futuro que estamos construyendo.
(*) Sociólogo
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