Autoridades militares iraníes hicieron un balance de más de 300 muertes en las protestas ocurridas en el país desde mitad de septiembre a raíz de la muerte en detención de Mahsa Amini, acusada de incumplir el rígido código vestimentario femenino, cifra que incluye a decenas de policías, soldados y milicianos.
La muerte en detención el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, suscitó una ola de gigantescas manifestaciones primero en Teherán y luego en distintas provincias del país que fueron reprimidas por las fuerzas del orden.
«No tengo las últimas estadísticas pero creo que podemos haber tenido más de 300 mártires y personas muertas entre los mejores chicos de este país como resultado de este incidente», dijo refiriéndose a las fuerzas del orden y a los manifestantes el general Amirali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, en un video divulgado por la agencia Mehr.
La cifra incluye a decenas de policías, soldados y milicianos muertos en enfrentamientos con manifestantes o asesinados, según las autoridades iraníes, consignó la agencia de noticias AFP.
Por su lado, la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, afirma que la «represión de las protestas en Irán» causó al menos 416 muertos.
Esa cifra incluye a los muertos en la violencia desatada tras las protestas por la muerte de Amini, y también a los fallecidos en los disturbios ocurridos en la provincia suroriental de Sistán Baluchistán.
En esta provincia de mayoría sunita -frente a la rama chiita imperante en el resto del país- se produjeron a fines de septiembre protestas por la presunta violación de una adolescente de 15 años por parte de un policía. Las manifestación fueron también reprimidas, según Iran Human Rights.
En las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini, miles de iraníes y unos cuarenta extranjeros fueron detenidos, y más de 2.000 personas ya tienen acusación formal en la justicia, según las autoridades judiciales.
Entre los acusados, seis fueron condenados a muerte en primera instancia y su destino depende ahora de la Corte Suprema, que debe decidir qué hace con sus recursos.
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