Luego de conocido el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) con ciertas sugerencias acerca de los lineamientos que debería tener una futura reforma tributaria, el gobierno no envió aún su proyecto al Congreso, a los efectos de su discusión y tratamiento.
Pese a ese contexto, la preocupación por el futuro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) sigue creciendo, tanto por la posibilidad de su derogación como de su reformulación.
Tanto es así, que días atrás el diputado Eduardo Falcone (MID), convocó a una jornada en la sede parlamentaria con el fin de debatir la permanencia del régimen, incluso de propiciarse modificaciones.
El FMI, en su informe, no propicia la eliminación del Monotributo, lo que observa es que la carga fiscal del este régimen no se equipara con la del régimen general, lo que produce una fragmentación empresarial que, a juicio de la entidad, lleva a la necesidad de alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales del régimen simplificado con el régimen general y, a su vez, aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento.
Desde ya, esto lleva ínsito una recomposición de las categorías que conducirá al contribuyente a evaluar detenidamente su permanencia en el régimen o su eventual salida hacia el régimen general equiparado con el Monotributo, tema que no solamente incluye Ganancias sino también el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En la jornada convocada por el diputado Falcone, que dejó claro su rechazo a una eliminación del tributo, los expositores no desconocen esta propuesta.
A su turno, expuso la presidenta de M.A.R.A (Monotributistas Asociados de la República Argentina), Noelia Villafañe, quien, de acuerdo a lo recogido por parlamentario.com, dejó sentado que se oponen a “cualquier tipo de reforma tributaria que perjudique al monotributista”, y sostuvo que el Gobierno “tiene que ver al Monotributo como una solución y no como un problema”.
Y agregó, además de la oposición a la eliminación del Monotributo, que un aumento de su carga tributaria implicaría «una eliminación de hecho”, ya que muchos contribuyentes no podrían afrontar el costo de pasar al Régimen General.
