Más de 30 mil abogados de todo el país eligieron a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado, entre otras cosas, de designar y destituir a los jueces, y la lista encabezada por Miguel Piedecasas, quien había recibido el apoyo de los principales dirigentes políticos de la oposición, era la más votada por amplia mayoría.
Con un gran porcentaje de las mesas escrutadas, la agrupación “Abogacía por una Justicia Independiente” sumaba más de 16 mil sufragios y, de esta manera, Piedecasas consiguió volver el recinto del que ya formó parte entre 2014 y 2018, e incluso lo presidió durante un año. Lo hará junto a su compañera de fórmula, Jimena de la Torre.
Debido a que los comicios se desarrollaron bajo el sistema de proporcionalidad (D’Hondt) y con paridad de género, también ingresarían Héctor Recalde, el candidato de “Compromiso con la Constitución”, espacio que quedó segundo, y María Fernanda Vázquez, de la lista “Nueva Abogacía”, que terminó tercera.
Votos necesarios
Sin embargo, el sector de Piedecasas todavía confiaba en que podía llegar a alcanzar los votos necesarios para sumar un tercer representante, que sería Juan Pablo Zanetta, por lo que en ese caso el cupo masculino quedaría completo y tendría que definirse quién es la mujer que ingresaría, que podría ser la segunda de Recalde, Adriana Coliqueo.
El líder de la lista ganadora explicó que durante esta nueva gestión espera conseguir “un gran compromiso de todos los consejeros para trabajar por un sistema que sea eficiente” y sostuvo que está abierto “al diálogo para alcanzar los consensos claros en busca de los objetivos” que consideró necesarios.
“El primer objetivo es que el sistema funcione; el segundo es darle celeridad a los procesos de selección para cubrir la enorme cantidad de vacantes que hay en la Justicia argentina; el tercero es analizar con rigurosidad el mal desempeño del Consejo, porque no podemos tener jueces sospechados; el cuarto es profesionalizar los procesos de investigación de corrupción y de narcotráfico; el quinto es mejorar los sistemas control; el sexto es terminar con la lentitud y las duraciones irracionales de los procesos, y el sexto es la capacitación de los magistrados para poder tener las sentencias de calidad que reclama la sociedad”, agregó Piedecasas.
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