Por Redacción Grupo La Verdad
El debate por el manejo de los recursos hídricos volvió a ocupar un lugar central en la agenda de la cuenca del río Salado. Durante la última reunión del Comité de Cuenca, de la que participó Junín, se avanzó en un esquema que permitirá a los municipios tener una participación más activa en la detección y regularización de canales clandestinos.
El senador provincial Pablo Petrecca respaldó la medida y la vinculó con uno de los planteos que viene sosteniendo en torno a la necesidad de avanzar en una mayor descentralización de funciones hacia los gobiernos locales.
“Los municipios son los que están en el territorio, los que conocen, los que caminan y saben las necesidades que hay en cada rincón de sus localidades”, sostuvo el legislador, aunque marcó que el traspaso de responsabilidades debe estar acompañado por los recursos necesarios para poder llevarlas adelante.
En ese sentido, consideró que en este caso “la primera parte estaría empezando a avanzar, la segunda aún no”, en referencia a la descentralización de funciones y a la necesidad de contar con financiamiento para ejercerlas.
Un rol más activo para los municipios
El convenio alcanzado en el ámbito del Comité de Cuenca apunta a agilizar la intervención frente a la detección de canales que no cuentan con autorización.
Hasta ahora, uno de los obstáculos estaba dado por la necesidad de que personal de la Autoridad del Agua (ADA) se trasladara al lugar para constatar la existencia de una obra irregular. Según explicó Petrecca, el nuevo esquema permitirá que esa primera constatación pueda ser realizada por un funcionario municipal.
“El municipio pueda tomar información, que el municipio pueda también accionar”, explicó el senador, aunque aclaró que esto no significa que los gobiernos locales deban asumir por sí solos la clausura o eliminación de los canales.
La intervención municipal permitirá detectar la situación, labrar el acta correspondiente y avanzar luego de manera articulada con la ADA para definir las medidas a tomar.
“Ya no va a necesitar que venga un funcionario de la Administración del Agua a nivel provincial para constatar que ese canal clandestino es un canal clandestino. Va a estar con que un funcionario municipal tome conocimiento de ese canal, haga un acta, y después obviamente en conjunto con la Administración del Agua se tome qué decisión realizar”, detalló.
Para el senador, la medida adquiere especial importancia en los caminos rurales, donde los municipios y los propios productores suelen ser los primeros en advertir modificaciones en los escurrimientos o la apertura de canales.
“La primera información llega directamente al primer actor de gobierno, que son los municipios”, remarcó.
Regularizar canales que ya forman parte del sistema
Petrecca también puso sobre la mesa otra discusión vinculada con los canales clandestinos: qué hacer con aquellas obras que fueron construidas originalmente de manera irregular pero que llevan años funcionando y que, con el tiempo, pasaron a formar parte del sistema de escurrimiento de una determinada zona.
En ese sentido, mencionó una resolución impulsada desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense que contempla la posibilidad de regularizar determinados canales que nacieron como ilegales pero que actualmente cumplen una función dentro del sistema hídrico.
La intención, explicó, es que aquellos casos que reúnan las condiciones necesarias puedan ser formalizados y dejen de permanecer en una situación irregular.
La discusión no es menor en una cuenca extensa y atravesada por múltiples obras de canalización, donde las intervenciones realizadas por particulares a lo largo de los años pueden tener impacto sobre el escurrimiento y sobre campos y localidades ubicadas aguas abajo.
La Picasa, otro foco de preocupación
En paralelo al debate por los canales clandestinos, Petrecca presentó un pedido de informes en el Senado bonaerense relacionado con el manejo de los excedentes de la laguna La Picasa.
El planteo surgió a partir de una preocupación expresada durante una reunión del Comité de Cuenca respecto del cumplimiento de los límites establecidos judicialmente para el bombeo de agua desde el sistema de La Picasa hacia la provincia de Buenos Aires.
“En La Picasa hay dos alternativas, la Sur y la Norte, y la Suprema Corte de Justicia ha fallado que hay una determinada cantidad de metros cúbicos que se puede bombear a la provincia de Buenos Aires”, explicó.
A partir de esa situación, el legislador busca conocer qué está ocurriendo actualmente y determinar si Santa Fe está respetando los límites establecidos por la Justicia.
El pedido apunta a determinar si efectivamente se está respetando el volumen autorizado o si, por el contrario, Santa Fe estaría derivando hacia territorio bonaerense una cantidad de agua superior a la establecida.
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