Lo confirmó a Grupo La Verdad el abogado Pablo Rasuk, representante legal, de un grupo de comerciantes y vecinos que impulsan un amparo judicial buscando respuestas a la parálisis del proyecto desde diciembre de 2023.
Sobre el fin de la semana pasada comerciantes de calle Rivadavia tuvieron audiencia en el Juzgado Federal para analizar la situación por la obra del paso bajo nivel, frenada desde diciembre de 2023. En ese marco, indicaron que esperan que la acción judicial interpuesta aporte una herramienta más a la solución. «Tenemos muchas expectativas de que esto se resuelva», señalaron.
Asimismo, indicaron que «queremos hacer un poco de «ruido previo a la aprobación del Presupuesto 2025 para ver si lo incluyen y que lo hagan en un plazo lo más corto posible y que no nos pase como con la Terminal de Ómnibus que lleva 16 años». Al mismo tiempo, indicaron que «queremos que se haga con responsabilidad, en tiempo y forma, que se termine lo más rápido posible o que se abra el paso a nivel y no como ahora que está todo abandonado».
De la audiencia participaron autoridades municipales, un abogado representante del Estado Nacional, otro representando a la empresa constructora y el abogado representante de los comerciantes afectados, Pablo Rasuk.
Justamente, Rasuk, en diálogo con Grupo La Verdad, se refirió a las novedades del caso y explicó que «se está avanzando» y reflejó que el actual «es un tipo de proceso que le da serenidad a todo lo que son las peticiones particulares, tratando de encontrar la solución que se propone».
En tanto, describió que «después de la interposición del amparo el juez federal (Héctor Plou) le dio intervención al estado nacional y al municipio. En ese marco el municipio se presentó y manifestó que en lo único que tuvo participación fue en el estudio de impacto ambiental de la obra, algo no menor, a través de la empresa licenciataria y luego de eso lo que hace es de contralor porque las vías son un territorio nacional que atraviesan la jurisdicción municipal».
Y continuó aclarando: «el Estado nacional se presentó diciendo que la obra se estaba haciendo a través de una sociedad que se llama ADIFSE (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado) y que no tenía mucho que ver. De todos modos cuando uno recorre la ley de su creación el accionista mayoritario es el estado nacional, los recursos que obtiene son a través de recaudación de impuestos y de partidas que gira el ministerio de economía».
En esa línea, Rasuk sostuvo que «el Estado, cuando readecuó todo el sistema ferroviario, creó la ADIF a los fines de lo que son las obras de adecuación de vías y viaductos, creó una operadora ferroviaria para todo lo que es reparación y Trenes Argentinos que es la marca del transporte de pasajeros y todas ellas están incluidas dentro de la Secretaría de Transporte que responde al Ministerio de Economía. Es decir, es el estado, en algunas de sus formas que le permite la ley, y el único que puede crear o transformar esas sociedades es el estado nacional».
AUDIENCIA
Más adelante, el letrado en representación de los comerciantes y vecinos dijo que «el juez decidió una audiencia, fuimos los amparistas representados legalmente por mi persona, fue el municipio con el secretario de obras públicas y el subsecretario y fue el estado nacional manteniendo su postura».
«El magistrado decidió hacer una inspección ocular, nos constituimos en el lugar y el panorama, ya desde la visión de un ciudadano común, es desolador. La obra tiene casi un año sin tener movimientos, se habló de un 30% de avance en las tareas a hoy, lo que está hecho es el pase peatonal», lamentó luego.
«Hay dos personas nada más, que ofician de cuidadores, y hay material almacenado en los galpones de lo que era FECOVITA. Una de esas personas estuvo en la inspección sobre la obra explicando lo que se hizo. Mirando desde calle Rivadavia hacia la ruta 188 en una de las zanjas después del corte hay pilotes puestos sobre lo que se apoyaría el viaducto subterráneo, del otro lado está la zanja pero sin operatoria», enunció también.
«A preguntas informales que realicé me informó que la obra está paralizada porque no se recibieron más fondos hace casi un año. El plazo de terminación de la obra era diciembre de 2023 y hoy nos encontramos con un 30% de avance, esa es la realidad», manifestó Rasuk.
RESOLUCIÓN
En este punto, el abogado consignó que «después de esa inspección se elaboró el acta y el paso que sigue es que el juez va a citar a la empresa, que estaba con un representante, pero no sus representantes legales porque no hubo tiempo para citarlos».
«En ese marco ya presentamos un escrito diciendo que el estado nacional no puede sacarse de encima la responsabilidad diciendo que la encargada de la obra es una sociedad del estado más allá de las cuestiones administrativas o jurídicas que puedan plantearse», añadió.
A continuación, señaló: «estamos en el marco de un amparo que tiene garantía constitucional de acceso inmediato de la justicia y pedimos la citación de la ADIFSE para que ya estén todas las partes que sean necesarias a los fines que se pueda tomar algún tipo de resolución en este caso».
«Se podría llegar a plantear un informe técnico, que nosotros también lo pedimos, más los traslados, que demoran cinco días, podría haber una situación intermedia de resolución antes de fin de año», completó y cerró: «el accionar del juzgado es con la celeridad acostumbrada para este tipo de procesos».
