El abogado Pablo Rasuk habló sobre las características del proceso de divorcio pretendidas en la ley ómnibus enviada por el Ejecutivo nacional al Congreso, que según advierte no reviste “ni necesidad ni urgencia” y “podría afectar garantías procesales y constitucionales”.
Entre las múltiples modificaciones legales que propone la iniciativa libertaria, se incluye la posibilidad de divorciarse sin pasar por la Justicia y sin la intervención de abogados, por lo cual la colegiación se encuentra ya en estado de alerta.
“Entendemos que no se puede dejar fuera a la Justicia. Se hace en principio un análisis de legalidad, que es si desde un DNU ahora incorporado a la ley ómnibus, se podría prescindir de la intervención judicial para un divorcio, y por otro lado de la asistencia letrada en cuanto a la protección de los derechos”, apuntó el expresidente del Colegio de Abogados Junín y actual director de la Caja provincial.
El letrado recordó que “si bien existe la figura del DNU, la Constitución es determinante en cuanto a que bajo pena de nulidad absoluta e insanable, el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo ciertas excepciones que hacen imposible el funcionamiento del Poder Legislativo, cuando aparece la necesidad y urgencia, que no concurren en temas como el divorcio”.
“Actualmente el Código Civil plantea el procedimiento de divorcio y establece causales muy puntuales, como es la muerte de un cónyuge o la sentencia de divorcio declarada judicialmente. Esto abre un espectro de protecciones, que la propia Constitución garantiza como el acceso irrestricto a la Justicia y el debido proceso”, apuntó.
Entre estas protecciones, Rasuk mencionó “qué pasa con los menores, la sociedad conyugal y qué bienes son gananciales y cuáles propios, qué pasa con la descendencia una vez disuelta la sociedad conyugal…”.
“El hecho de concurrir a un organismo administrativo por parte de dos personas que supuestamente se pusieron de acuerdo voluntariamente, puede dejar expuestas estas garantías necesarias a algunos aprovechamientos”, agregó.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Por otra parte, el abogado mencionó “estamos en defensa de la incumbencia de nuestro ejercicio profesional, que no podemos permitir de ninguna manera esta situación de ilegalidad dudosa”.
“Hay muchas otras cuestiones, sobre todo referidas a los niños, que se logran acordar, pero con los resquemores que genera la disolución de un vínculo que suponía un proyecto de vida, es necesaria la presencia jurisdiccional. Hay toda una arquitectura del proceso, siempre está la mirada del juez para ver la resolución que se adopta por ejemplo en un proceso exprés”, agregó.
Rasuk recordó que importantes figuras del Derecho y el Colegio de Abogados provincial “está en sesión por este tema”, adelantando que “en la Caja nos reunimos jueves y viernes, porque entendemos que primariamente no registra un control de legalidad, dado que no hay necesidad ni urgencia y pueden afectarse garantías procesales y constitucionales”.
