Por Andrés Lavaselli
Javier Milei aprovechó la publicación del decreto de ampliación del presupuesto 2023 para consolidar el torniquete financiero que aplica a Axel Kicillof para obligarlo a ajustar las cuentas de la provincia. A su vez, los intendentes reclamaron al Gobernador por una pérdida de efectividad de las remesas que envía a sus municipios. Spoiler alert: les contestarán que se sumen a la pelea contra el Presidente por los fondos.
Que el decreto 280/2024 se llame “de ampliación” es apenas una formalidad: en la mayoría de los casos solo se dio oxígeno a algunas áreas para funcionar hasta mediados de año, mientras que en términos reales el presupuesto agregado sigue siendo deficitario. Eso porque el congelamientos de las partidas al nivel que tenían en 2023 supuso un hachazo de más del 200% que no se recupera. Es decir, que la pautra de gastos pierde contra la inflación y por lo tanto presupone un duro ajuste.
Leído desde Buenos Aires, el foco de ese DNU son una seguidilla de decisiones que puede impresionar pero no sorprender. El freno de las transferencias para subsidiar la tarifa de transporte, para completar los sueldos docentes, para financiar la reconversión de las cajas jubilatorias y para ayudar a sostener los comedores escolares eran una realidad de hecho desde principios de este año. Lo que ahora se hizo fue estabilizar normativamente el recorte cambiando el destino de los fondos o anulándolos.
La pregunta política, en todo caso, es por qué dar ese paso ahora. En el gabinete bonaerense sospechan de la coincidencia con el reinicio de las negociaciones por la Ley Bases versión redux, el paquete fiscaly el DNU 70. “Son cuestiones que dan como cerradas con el decreto del miércoles pero que puede volver a meter en la negociación”, barruntan. Tres salvedades y una aclaración: 1) Kicillof aún no recibió invitación a un nuevo encuentro con Nación pero si le llega irá. 2) Kicillof cree que la Corte queda afuera de esa puja 3) Kicillof podría ir a la justicia por la cuestión puntual de los fondos jubilatorios ya que cree (lo están analizando) que implica una violación del pacto fiscal que firmó Mauricio Macri. Mientras, analizan si el intento de desmentida del ministro del Interior, Guillermo Francos tiene asidero. El funcionario dijo que las partidas están pero con otro nombre. El decreto había anulado los artículos que mandan pagar. + 1) El déficit previsional bonaerense presupuestado para 2023 fue de $229.975.000.000, de los cuales Sergio Massa pagó algo menos de 140.000.000.000. Es una cuenta conservadora, porque el rojo ejecutado pudo ser mucho mayor al previsto. A eso hay que sumar el pago “cero” de Milei desde que asumió.
Aunque sean prenda de negociación y ya se vengan ejecutando, esa seguidilla de recortes –sumada a la del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el FOFOFI, que está en la Corte- hacen aparecer nubarrones en el horizonte de Kicillof, que además sufre la caída de los ingresos reales por coparticipación y por recaudación propia, dos ítems atados al nivel de actividad económica que la recesión inducida aplastó. Andrés “Cuervo” Larroque dijo que “ningún pueblo se suicida” al ser consultado sobre posibles alteraciones de la paz social. Cifró un límite de la paciencia de los más perjudicados en dos meses “si esto no cambia”. Pero antes de que eso ocurra, es posible que la Milei haya alcanzado un objetivo: Provincia, que en su momento pagó el FONID, fijó como prioritario sostener la seguridad, la ayuda alimentaria, el sistema educativo y el pago de salarios y mandó el resto de los gastos a la categoría de “ajustables”. La obra pública incluida.
En paralelo, los intendentes del radicalismo formalizaron un reclamo para ser recibidos por Kicillof. Le exigirán más fondos para salud (los hospitales locales se volvieron casi insostenibles por el aumento de los medicamentos) y para seguridad. El Gobernador planea recibirlos. Y retrucarles con un planteo doble: “comprensión” para que las negociaciones legislativas vayan más allá del toma y daca por cargos pendientes e incluyan, en principio, avanzar con las leyes para crear un sistema de producción y comercialización público de remedios y otro de emergencias.
El segundo retruque que probablemente escuchen los alcaldes es más de fondo. “Queremos que se sumen con más claridad a los reclamos a Nación, porque si a Provincia le recortan los fondos, los municipios se verán indefectiblemente afectados”, dice un ministro. Y ensaya una sugerencia, no se sabe si como ironía o no: “que hablen con sus diputados y senadores nacionales; que se presentan como Amicus Curiae en la causa por el FOFOFI”, lanza.
Más allá de esos tironeos, el planteo radical y la respuesta de Kicillof terminan de dibujar un contorno para la crisis actual: es un ajuste que baja de Nación, pasa por la Provincia, llega a los municipios y que, ahora, buscan revertir hacia su origen. Un ajuste que se muerda la cola.
