La Libertad Avanza impulsa un proyecto para restringir celulares en cárceles bonaerenses y frenar estafas telefónicas.
El concejal de La Libertad Avanza, Leonel Juliá, presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de Junín para solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que avance en la restricción, detección, bloqueo e inhibición de dispositivos móviles no autorizados dentro de las cárceles bonaerenses.
La iniciativa tiene como objetivo central evitar que personas privadas de su libertad continúen delinquiendo desde el interior de las unidades penitenciarias mediante el uso de teléfonos celulares, tarjetas SIM, aplicaciones de mensajería o conexiones de datos.
“Una persona que está cumpliendo una pena por haber cometido delitos no puede seguir estafando, amenazando o extorsionando vecinos desde una cárcel. El Estado tiene que recuperar el control puertas adentro del sistema penitenciario”.
El proyecto solicita que la Provincia de Buenos Aires adhiera y adecúe su normativa, reglamentación y protocolos penitenciarios a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.660, modificada por la Ley Nacional N° 27.375, que prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro de establecimientos penitenciarios y prevé la instalación de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal.
Además, la propuesta toma como antecedente la reciente medida del Gobierno Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en cárceles federales, con el fin de impedir el uso indebido de celulares en el interior de los establecimientos.
“Si Nación ya avanzó con una decisión concreta, la Provincia de Buenos Aires no puede seguir mirando para otro lado. El gobernador Axel Kicillof tiene la responsabilidad de cuidar a los bonaerenses y de impedir que las cárceles se transformen en call centers del delito”.
La presentación también incorpora como antecedente varias notas publicadas por medios locales, en la que se informa sobre una investigación de la DDI Junín que permitió desbaratar un esquema de estafas presuntamente coordinado desde una unidad penitenciaria, afectando a comerciantes de la ciudad.
“Esto no es un problema lejano. Pasó en Junín. Afectó a comerciantes de Junín. Y demuestra que no alcanza con investigar las estafas cuando ya ocurrieron: hay que cortar la comunicación ilegal desde adentro”.
El proyecto pide que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense elaboren un protocolo específico para detectar dispositivos activos en zonas restringidas, bloquear IMEI, IMSI o tarjetas SIM, articular con empresas de telecomunicaciones, realizar auditorías periódicas y garantizar que las comunicaciones legítimas de las personas privadas de libertad se realicen por canales institucionales, controlados y seguros.
Se destaca que la Provincia cuenta con un amplio sistema penitenciario, con unidades y alcaidías distribuidas en distintas localidades bonaerenses, entre ellas Junín, donde funcionan establecimientos penitenciarios bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“Junín conoce de cerca esta realidad. Por eso creemos que el Concejo Deliberante tiene que expresarse con firmeza. La seguridad de los bonaerenses no tiene ideología política. Esperamos el acompañamiento de todos los bloques, porque cuidar a los vecinos debería estar por encima de cualquier diferencia partidaria”.
La tecnología no puede ser una herramienta para que el delito siga operando desde la cárcel, necesitamos que el Gobierno provincial avance con medidas concretas, eficaces y urgentes.
Fuente: La Libertad Avanza
