El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin requerir la aprobación de ambas cámaras del Congreso. La medida, anunciada el jueves pasado por el Gobierno mediante un comunicado, busca obtener “de modo urgente” el respaldo parlamentario necesario para facilitar los desembolsos del organismo internacional de crédito, en un contexto de escasez de divisas y con la prioridad de combatir la inflación y eliminar el cepo cambiario.
Según lo establecido en el DNU, “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas tendrán un plazo de amortización de diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”. Los fondos se destinarán a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”. Se especifica que la operación incluirá el pago de intereses y cargos conforme a los plazos y tasas establecidas por el FMI, así como la devolución del capital dentro del plazo indicado.
EL DECRETO
Según el decreto, el Gobierno ha decidido “no comprometer su política económica de déficit 0”, por lo que “los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI”. En cuanto a la decisión de emitir un DNU, la administración nacional argumentó que “la competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”.
Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo acuerdo no representará un incremento en la deuda del país, ya que implicará un canje de “deuda vieja por deuda nueva”, lo que además fortalecería al Banco Central. “Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, comunicó la Oficina del Presidente el jueves.
Al tratarse de un DNU, bastará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que entre en vigencia. La comisión bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto, será la encargada de revisarlo. Una vez firmado, el Gobierno tiene un plazo de diez días para enviarlo al Congreso, y la comisión contará con otros diez días para su tratamiento. Si no se alcanza un dictamen en ese período, el debate se trasladará a los recintos de Diputados y el Senado.
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